Los técnicos de Hacienda advierten que externalizar la inspección tributaria es «contraria al Derecho»

La externalización de la inspección tributaria local empieza a encender las alarmas. Los técnicos de Hacienda advierten de que esta práctica es contraria al Derecho y puede aumentar los riesgos de fraude fiscal, mientras los tribunales ya han comenzado a anular contratos de ayuntamientos y diputaciones provinciales en los que empresas privadas asumían funciones reservadas a las administraciones públicas.

Durante su intervención en el XXV Curso sobre Inspección y Actualidad Tributaria organizado por ANIHPL, el recién nombrado presidente de Gestha, Javier Gómez, ha advertido que «esta peligrosa deriva» es consecuencia directa de la deficiente dotación y gestión de los recursos humanos en las administraciones encargadas de aplicar el sistema tributario y controlar el gasto público. Ha señalado que la externalización no solo es rechazable «por la reducción de garantías de los ciudadanos y el riesgo de pérdida de confidencialidad de los datos», sino que además es «contraria al Derecho» al implicar «el ejercicio de potestades públicas esenciales» por parte de empresas privadas.

Gómez ha recordado que la plantilla de la Agencia Tributaria estatal se ha reducido en más de 600 personas desde el año 2000 y mantiene paralizada su carrera profesional desde hace casi dos décadas, «con el agravante de los problemas para la movilidad de los técnicos». Por ello, ha pedido reforzar los medios del Ministerio de Hacienda, así como los organismos análogos de las comunidades autónomas y de las haciendas locales, con el fin de combatir el fraude, garantizar la legalidad y mejorar el control del gasto público.

La advertencia de Gestha llega en un momento especialmente sensible. La falta de medios de las entidades locales ha propiciado que las compañías privadas asumieran durante años tareas reservadas a funcionarios públicos, desde la selección de contribuyentes hasta el inicio de actuaciones o la solicitud de documentación. Es precisamente este modelo el que varios tribunales han empezado a cuestionar recientemente.

En abril del pasado año, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña declaró nulo un contrato suscrito por la Diputación de Lérida con una de estas empresas en una durísima sentencia en la que habló de «voladura de los derechos y garantías de los contribuyentes» y de la «entera privatización del servicio». Resoluciones similares en País Vasco y Madrid han invalidado expedientes por irregularidades.

Según fuentes del sector, estas empresas incorporan a determinados contribuyentes en el plan de inspección cuando detectan información previa que consideran relevante. Si aprecian indicios de fraude, inician actuaciones y requieren documentación para su análisis. Es precisamente esta intervención directa –seleccionar contribuyentes, iniciar comprobaciones o solicitar documentación– la que los tribunales han ido desmontando, al entender que son funciones que solo puede ejercer el personal público.