En 2025 entran en vigor tres medidas clave
Medidas
El impuesto que recorta las nóminas de los trabajadores cumple un año
El Gobierno busca fortalecer el sistema sin ampliar los compromisos futuros, reforzando la sostenibilidad sin comprometer nuevas prestaciones
Uno de los grandes retos a los que se enfrenta actualmente el sistema público de pensiones en España es su sostenibilidad a largo plazo. Con la jubilación progresiva de la generación del 'baby boom', el número de beneficiarios aumenta notablemente, mientras que los recursos con los que cuenta la llamada hucha de las pensiones se ven cada vez más limitados.
Ante esta situación, las reformas impulsadas por el exministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, han apostado por incrementar la recaudación mediante nuevas cotizaciones y el destope progresivo de las bases.
En este contexto, tres elementos clave han marcado el panorama este año 2025: la actualización del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), el incremento gradual de las bases máximas de cotización y la entrada en vigor de la llamada cuota de solidaridad.
Esta última figura se aplica a los salarios que superan los 59.000 euros anuales y no genera derechos adicionales de jubilación, lo que en la práctica la convierte en un impuesto aplicado a las rentas más altas. Los trabajadores autónomos están exentos de este gravamen.
La cuota de solidaridad
La cuota de solidaridad está en vigor desde el 1 de enero de 2025 y se aplica de forma progresiva. Se divide en tres tramos: un 0,92 % sobre el primer 10 % del salario que excede la base máxima de cotización; un 1 % sobre el exceso comprendido entre el 10 % y el 50 %; y un 1,17 % para la parte que supera ese 50 %.
Por ejemplo, en un salario de 64.900 euros (un 10 % por encima del umbral), se pagará un 0,92 % sobre los 5.900 euros de exceso. En el caso de ingresos de hasta 88.500 euros, se aplicarán dos tipos: 0,92 % y 1 %, y para sueldos de 118.000 euros, se activarán los tres tramos.
Este recargo se financiará en su mayor parte por las empresas (83,4 %) y en menor proporción por los trabajadores (16,6 %). Con esta medida, el Gobierno busca fortalecer el sistema sin ampliar los compromisos futuros, reforzando la sostenibilidad sin comprometer nuevas prestaciones contributivas.
