Carlos Melio, abogado laboralista: «Tu empresa no puede bajarte el sueldo así como así»

Muchos trabajadores creen que la empresa puede modificar su salario en cualquier momento y sin dar explicaciones. Sin embargo, esta percepción no se ajusta a la realidad legal. La reducción de sueldo no puede aplicarse de manera arbitraria y está sometida a límites muy concretos que protegen al empleado frente a decisiones unilaterales.

Tal y como se explica en el caso analizado, para que una empresa pueda bajar el salario de un trabajador debe justificar la medida en causas económicas, organizativas, técnicas o productivas. No basta con una decisión interna ni con una comunicación informal. La ley exige que exista una motivación real y acreditable que respalde el cambio en las condiciones salariales.

Además, la rebaja tiene fronteras claras que no pueden traspasarse. En ningún caso el salario puede situarse por debajo del salario mínimo interprofesional ni por debajo de lo que establezca el convenio colectivo como mínimo para la categoría profesional correspondiente. Estos umbrales actúan como una garantía básica frente a recortes abusivos.

Junto a la justificación material, la empresa debe cumplir también una serie de requisitos formales. La comunicación de la bajada de sueldo debe realizarse por escrito, incluir una explicación fundada de las razones que la motivan y respetar un preaviso mínimo de quince días. Este plazo permite al trabajador conocer con antelación la modificación y valorar sus opciones.

El trabajador tiene derecho a reclamar

Cuando alguno de estos requisitos no se cumple, la reducción salarial puede ser impugnada. El trabajador tiene derecho a reclamar las cantidades o diferencias salariales dejadas de percibir y, en los casos más graves, incluso a solicitar la extinción del contrato por incumplimiento empresarial. Esta vía da acceso a una indemnización equivalente a la de un despido improcedente.

La situación adquiere una dimensión distinta cuando la bajada de sueldo afecta a varios empleados. En ese supuesto, la empresa no puede imponer la medida de forma individualizada, sino que está obligada a negociarla con los representantes de los trabajadores. Se trata de una garantía adicional pensada para evitar recortes generalizados sin diálogo ni control.

En definitiva, la empresa no tiene carta blanca para reducir el salario. La ley impone causas tasadas, límites económicos y obligaciones formales cuyo incumplimiento abre la puerta a la reclamación. Aun así, muchos trabajadores siguen aceptando estas bajadas sin saber que cuentan con mecanismos legales para defenderse.