El Tribunal de Cuentas destapa la arbitrariedad y los fallos de control en Adif durante la época de Ábalos

Adif y Adif-AV, los pilares de la infraestructura ferroviaria en España, se encuentran bajo el foco del Tribunal de Cuentas por su gestión de los fondos Next Generation. Con una cartera de actuaciones de 5.974 millones de euros, el organismo fiscalizador ha detectado deficiencias que comprometen la transparencia de la entidad pública en la adjudicación de contratos millonarios.

Uno de los puntos más comprometidos del informe apunta al modelo de pliegos utilizado para la contratación de obras. El Tribunal denuncia que el sistema impide a los licitadores conocer de antemano qué aspectos técnicos serían más valorados, al no figurar ponderados los subcriterios en los pliegos.

Además, señala que el informe de valoración técnica «adolece de falta de transparencia y de motivación en la asignación de puntuaciones», lo que sitúa las prácticas de Adif «en los límites de la arbitrariedad». El uso de términos ambiguos como «suficiente», «adecuado» o «correcto» para asignar notas distintas sin una justificación real priva de sentido a la discrecionalidad técnica y vulnera la igualdad de trato.

El informe traza una línea roja que coincide exactamente con el marco temporal del denominado «caso Koldo». El Tribunal pone la lupa en el periodo comprendido entre junio de 2018 y julio de 2021, es decir, entre el nombramiento y cese de José Luis Ábalos como responsable de Transportes.

Durante ese periodo, una empresa identificada en la documentación como Rover Infraestructuras SA –antigua Rover Alcisa– obtuvo un éxito inusual, haciéndose con siete contratos por un valor total de 77.662.708,44 euros. Se trata de una cifra significativa si se compara con los apenas 43,8 millones que la misma constructora logró en el resto de los años analizados fuera de ese mandato. El Tribunal detectó que, en los contratos de esta constructora, los informes técnicos presentaban la misma falta de motivación y ambigüedad denunciada en otros casos de presunto favoritismo.

La gravedad de los hechos llevó al consejero ponente a acudir a la Fiscalía Anticorrupción el pasado mes de junio. Esta decisión se fundamenta en denuncias internas que alertaban sobre instrucciones dadas a técnicos de Ineco para «estrechar las puntuaciones otorgadas a los distintos licitadores» sin alterar el ranking técnico inicial.

Este «ajuste» de notas permitía que la oferta económica ganara un peso decisivo, favoreciendo a empresas específicas. El Tribunal sentencia que estas órdenes «presentarían indicios de arbitrariedad pues el cambio respondería a una instrucción específica de alcanzar un resultado concreto, que no se motiva». En varios casos, esta alteración modificó directamente quién resultó ser el adjudicatario final del contrato.

Falta de control del personal externo

Adif ha externalizado masivamente la gobernanza de los fondos europeos, recurriendo a 328 efectivos de medios propios como Ineco y Tragsatec. El Tribunal afirma, tajante, que el control sobre la identidad y los conflictos de interés de este personal externo «es muy deficiente».

La fiscalización descubrió que Adif ni siquiera conocía la identidad completa de algunos de estos efectivos que tomaban decisiones clave, teniendo que solicitar sus nombres a las empresas externas durante la propia auditoría. Además, las declaraciones de ausencia de conflicto de interés (DACI) recabadas son de carácter genérico y no se refieren a los expedientes específicos en los que participan los trabajadores.

Agujeros informáticos

La seguridad de la información también presenta fallos críticos. La herramienta central de gestión de fondos (GFE) «no tiene su tráfico interno cifrado mediante HTTPS», lo que supone un riesgo directo para la privacidad de datos sensibles sobre el uso del dinero público. Asimismo, la certificación del Esquema Nacional de Seguridad no cubre los sistemas que gestionan los fondos europeos.

La trazabilidad del dinero es otro punto débil. El 55 % de los expedientes vinculados al Componente 6 se incluyeron sin seguir el procedimiento de modificación exigido, lo que el Tribunal califica como «en exceso deficiente».

«Presunción de acierto»

En sus alegaciones, Adif defiende que sus modelos de licitación cumplen con la jurisprudencia europea y que sus técnicos gozan de «presunción de acierto», debiendo prevalecer sus informes sobre los borradores de las asistencias externas. Atribuyen la falta de adaptación del 74 % de los pliegos al PRTR al hecho de que se licitaron antes de que se publicaran las órdenes ministeriales definitivas.

Por su parte, el Ministerio de Transportes alega que el intercambio manual de información –criticado por el Tribunal– se debe a la necesidad de realizar ajustes que un sistema automatizado no permitiría. El Tribunal mantiene, no obstante, sus conclusiones y recomendaciones.