La SEPI se rodea de escándalos y pérdidas pese a estar financiada por los españoles, pero aquí no pasa nada

La SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) tiene el 100 % de las acciones de Correos, Navantia, RTVE y la Agencia EFE, el 51 % del Grupo Tragsa, el 27,99 % de Indra, el 10 % de Telefónica... Y el listado sigue, hasta sumar las veintiséis participaciones que pueden verse en su catálogo.

Con el dinero de todos los españoles -así es muy fácil-, y amparados en un supuesto interés estratégico, los gobiernos entran en las empresas y colocan a sus afines -especialmente ahora a los de Sánchez-, con un resultado económico cuestionable. La SEPI perdió el año pasado 500 millones de euros, especialmente debido a la ruina que propició el amigo de Sánchez -Juan Manuel Serrano- en Correos, donde hubo unos 1.200 millones de euros de pérdidas en los cinco años que estuvo al mando.

El Gobierno de Sánchez ha aprovechado para colocar a todos los que ha podido, y ahora se acumulan los problemas

A esta mala gestión hay que unir los escándalos que han ido apareciendo ligados a las compañías públicas: desde el propio nombramiento y gestión de Serrano en Correos a la llegada de Jessica, la amiga de Ábalos, a Tragsatec, y ahora los sobrecostes del 50 % que supuestamente aprovecharon Leire Díez, el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y el socio de Santos Cerdán en Servinabar, Antxon Alonso, con contratos de Enusa, según la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (la UCO).

El Gobierno de Sánchez ha aprovechado para colocar a todos los que ha podido en cargos de dirección o en otras posiciones de estas empresas en las que ha ido entrando. Los casos de Correos o Telefónica son los más evidentes, pero en general ha sido llamativo el desembarco de abogados del Estado afines al PSOE en el mando de compañías del conglomerado. También se produjo una llegada importante de miembros andaluces tras la pérdida de las elecciones allí. La actual presidenta, la ingeniera de Caminos Belén Gualda, muy cercana a María Jesús Montero, es granadina.

Las prioridades de Sánchez contrastan con las que tuvo Aznar, que entre los años 1996 y 2003 privatizó alrededor de cincuenta empresas públicas para obtener más de 30.000 millones de euros de ingresos para el Estado. Con ello logró cumplir con los objetivos de déficit público y entrar en la Unión Europea.

La venta de un 21 % de Telefónica reportó al Estado 3.786 millones de euros; la del 25,44 % de Endesa le trajo 4.207 millones de euros, que en junio de 1998 fueron 6.000 millones más tras vender 300 millones de acciones de la compañía eléctrica. Solo entre 1997 y 1998, el periodo de mayor privatización, el Estado obtuvo más de 12.000 milones de euros de ingresos tras vender sus participaciones en Telefónica, Endesa, Repsol, Tabacalera y Argentaria.

Frente a estos ingresos, el Gobierno de Sánchez ha optado por hacerse con el 10 % de Telefónica por 2.285 millones de euros y ha aprobado un rescate de 3.000 millones en cuatro años para intentar salvar Correos.

Aznar obtuvo 3.786 millones de euros vendiendo el 21 % de Telefónica; Sánchez se ha gastado 2.285 millones para hacerse con el 10 % de la compañía

Cuestiones como estas hacen pensar a catedráticos con experiencia como Mikel Buesa que «no tiene mucho sentido mantener tinglados como la SEPI. La participación minoritaria en Telefónica y en otras empresas solo tiene la finalidad de colocar gente en los consejos de administración y satisfacer las ansias estatalistas que tiene el actual Gobierno. Los gobiernos han ido colocando gente bien remunerada a pesar de que las empresas no han ganado dinero, han ganado muy poco o han perdido a espuertas».

Lógicamente los más de 80.000 profesionales que trabajan en estas empresas no tienen ninguna culpa de la mala gestión o de los escándalos de corrupción asociados a estas compañías. De hecho, por poner un ejemplo reciente, los 500 empleados de Enusa -muchos de ellos ingenieros centrados en la fabricación de combustible nuclear- están con los salarios estancados y no conocían a Leire Díez, como contábamos en este artículo.

Tampoco es buena la situación de los empleados de Tragsatec, la empresa pública en donde trabajó Jessica, la amiga de Ábalos, como ya contamos en El Debate. El grupo ha tenido que asumir muchas tareas con mucha necesidad de personal y nada rentables para una empresa privada, como por ejemplo los relacionados con la dana de Valencia. Como consecuencia, sus ingresos han subido de 229 millones de euros en 2015 a 678 millones en 2024. Sin embargo, los empleados no solo no lo notan. La compañía tiene nada menos que un 61,5 % de temporalidad, muy por encima del 8 % que supuestamente el Gobierno exige a las empresas públicas.

Como en tantos otros terrenos, el Gobierno de Sánchez hace y deshace sin ningún complejo. Coloca como director de seguridad de la SEPI a quien fue director de seguridad de su sede de Ferraz y lo expone en su web sin problemas; intentó crear un puesto a dedo para un cercano a María Jesús Montero y Manuel Chaves (Enrique Cervera) en Andalucía, en donde la SEPI apenas tiene negocio, pero al final fue frenado por una denuncia interna; crean un puesto de director de Cumplimiento que percibe un salario cercano a los 100.000 euros al año para tramitar denuncias, algo que, según fuentes, se podría hacer desde Auditoría Interna; hay responsables que es verdad que cobran 80.000 euros, menos que en la privada, pero trabajan la mitad...

Mientras tanto, los 80.000 empleados ven que no se les facilita el cambio de empresa, la formación es muy escasa, se les recortan derechos sociales -los trabajadores de la SEPI tenían seguro médico para toda la familia; ahora es solo para los empleados-, ven cómo la gestión de los recursos es muy lenta... Por poner un ejemplo de esto último, la mina de Cala, actualmente de Cofivacasa, la empresa pública encargada de liquidar compañías, lleva casi veinte años inoperativa, perdiendo posibilidad de ingresos y de crear puestos de trabajo en una zona en la que la tasa de desempleo es muy alta (actualmente el 22,49 %, y llegó al 40 % con la mina parada).

En definitiva, un gran caos que a muchos les hace plantearse si tiene sentido mantener algo como la SEPI, o si debería tener un tamaño tan grande. Al menos, como nos decían esta semana en nuestro podcast económico Mikel Buesa y José Ramón Pin Arboledas, habría que exigir a los gestores de las compañías un compromiso ético alto y elevar el nivel de los controles, más aún cuando estamos hablando de dinero de todos los españoles.