La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.
Los expertos del SMI cambiaron su criterio para evitar que la subida se quede en solo el 1,8 %
El informe admite que aplicar estrictamente el umbral del 60 % del salario medio neto daría lugar a un aumento muy inferior a la inflación
Desde la llegada de Yolanda Díaz al Ministerio de Trabajo, el Gobierno se ha acogido al compromiso de situar el salario mínimo interprofesional (SMI) en el 60 % del salario medio neto, en línea con la interpretación del Comité Europeo de Derechos Sociales sobre la Carta Social Europea, para justificar las sucesivas subidas aplicadas desde 2018. Sin embargo, el informe de su comité de expertos revela que, de aplicar estrictamente este criterio, la subida del SMI en 2026 debería ser de apenas un 1,8 %, una cifra muy inferior a la inflación y a la planteada inicialmente para este año.
El informe de la Comisión reconoce que, por primera vez desde la creación del comité, la aplicación de la fórmula del 60 % arroja un resultado por debajo del crecimiento de los precios. «Las estimaciones recogen, por primera vez desde que actúa el comité, un crecimiento del SMI que queda por debajo del crecimiento de los precios», señala el documento, en referencia a un IPC que se situó en el 3,1 % interanual en octubre de 2025.
Ante este escenario, el informe justifica la introducción de un criterio adicional. «En opinión de la comisión, esta circunstancia hace razonable (…) proceder a un aumento del SMI superior al indicado por el criterio del 60 % del salario medio neto», añade el texto. De este modo, el comité incorpora un segundo elemento de referencia que permite sustentar una subida más elevada del salario mínimo.
Para sostener este incremento adicional, el comité incorpora lo que denomina un «principio complementario» consistente en evitar que la subida del SMI quede por debajo de la inflación. Este ajuste resulta clave, ya que, mientras que la aplicación estricta del 60 % del salario medio neto daría lugar a un aumento de unos 21 euros mensuales -el citado 1,8 %-, la introducción de este criterio adicional eleva la recomendación hasta el 3,1 %, situando el salario mínimo en 1.221 euros mensuales en catorce pagas.
El propio informe subraya que este cambio permite preservar el poder adquisitivo del SMI en un contexto de inflación todavía elevada, aunque ello suponga relegar a un segundo plano el objetivo que ha vertebrado hasta ahora la actuación del comité. El umbral del 60 %, presentado reiteradamente por el Gobierno como referencia de cumplimiento de la Carta Social Europea, deja de ser criterio determinante cuando su aplicación arroja un resultado políticamente incómodo.
Base de datos
Otro de los puntos más cuestionables es la opacidad en la base de los datos. La Comisión reconoce que ha tenido que trabajar con los microdatos de la encuesta salarial de 2022, al considerar que la de 2023 no ofrece el nivel de detalle necesario para estimar con precisión el salario medio neto.
El propio documento admite que las encuestas salariales anuales suelen mostrar «crecimientos salariales significativamente menores» que las encuestas cuatrienales, como la utilizada en este caso. Al utilizar los microdatos de 2022 en lugar de emplear los datos más recientes agregados de 2023, el informe asume un marco de referencia que tiende a reflejar una evolución salarial más favorable que la observada en el corto plazo.