Las empresas españolas en Venezuela, entre el chavismo y Trump

Durante años, las compañías españolas aprendieron a operar en una Venezuela marcada por el intervencionismo, las expropiaciones, los controles del tipo de cambio y una seguridad jurídica incierta. No era un entorno fácil, pero al menos las reglas dependían de un solo poder: el chavismo.

Ese equilibrio inestable ha saltado por los aires porque, aunque el Gobierno chavista siga en pie las decisiones económicas relevantes pasan por Washington. En este sentido la situación de las empresas españolas en Venezuela transciende el ámbito económico.

A este cuadro se suma un factor adicional que pesa especialmente sobre las compañías españolas: la relación distante, tensa entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la Administración de Donald Trump. Esa falta de sintonía política reduce la capacidad de España para influir en Washington a favor de intereses empresariales concretos, especialmente en un escenario donde las decisiones se toman de forma altamente personalista desde la Casa Blanca.

A diferencia de las grandes petroleras estadounidenses, o incluso de algunos socios europeos con canales más fluidos de interlocución, las empresas españolas operan en Venezuela sin un respaldo político que las proteja de cambios abruptos en materia de sanciones o licencias. Esa asimetría convierte cada permiso en un ejercicio de incertidumbre, en el que el margen de maniobra empresarial es mínimo.

No es casual, en este contexto, que el consejero delegado de Repsol haya acudido personalmente a la reunión de Trump con las grandes petroleras. Fue una señal clara de hasta qué punto la supervivencia de los activos españoles en Venezuela depende hoy más de la interlocución directa con Washington que de los cauces diplomáticos tradicionales.

El Gobierno español carece de capacidad real para influir en el desenlace y, a diferencia de sus socios, su exposición es mayor

Para España, el dilema es incómodo. Sus empresas se encuentran atrapadas en un país donde los mercados están profundamente intervenidos, y donde la política internacional pesa más que cualquier plan de negocio. El Gobierno español carece de capacidad real para influir en el desenlace. Y, a diferencia de otros socios europeos, su exposición es mayor.

Así las cosas, el futuro de las empresas españolas en Venezuela acabará jugándose en los despachos de Washington. No se trata ahora de tener cuota de mercado, sino de gestionar un legado cada vez más condicionado por la geopolítica. Se atribuye a Simón Bolívar, «el Libertador» de Venezuela, la frase «las leyes os darán la libertad». Esperemos que, más pronto que tarde, se promulguen leyes justas, pensadas para defender la libertad política y económica de este país.

Hasta ahora, Repsol había logrado una fórmula de supervivencia basada en licencias específicas de extracción

En ese contexto, la empresa española más directamente afectada es Repsol. La petrolera mantiene activos estratégicos en gas y petróleo junto a PDVSA; además, se le adeudan cientos de millones de euros. Hasta ahora, Repsol había logrado una fórmula de supervivencia basada en licencias específicas de extracción que le permitían recuperar parte de la deuda pendiente mediante entregas de crudo venezolano. Pero ese delicado encaje depende por completo de la Casa Blanca. Cada giro en la política de Trump puede convertir esos activos en una ventaja o en un inconveniente.

Repsol no es una excepción. Telefónica sigue operando en Venezuela a través de Movistar, con millones de clientes y una infraestructura esencial para el país, pero su presencia se ha vuelto incómoda. Las telecomunicaciones requieren inversión constante, estabilidad regulatoria y capacidad de repatriar beneficios, tres condiciones que hoy no están garantizadas. La intención de salir del mercado venezolano choca, además, con un obstáculo político: cualquier venta necesita el visto bueno de un Gobierno que utiliza las concesiones como herramienta de poder.

En una economía sin crédito, con moneda débil y fuerte intervención estatal, la banca ha dejado de ser un negocio para convertirse en una presencia testimonial

También la banca española ha optado por una estrategia defensiva. BBVA, accionista mayoritario del principal banco privado del país, mantiene una operativa reducida al mínimo indispensable. En una economía sin crédito, con moneda débil y fuerte intervención estatal, la banca ha dejado de ser un negocio para convertirse en una presencia casi testimonial.

A su alrededor, otras empresas españolas sobreviven en un segundo plano. Inditex conserva algunas tiendas; Mapfre mantiene actividad con un perfil muy defensivo; las hoteleras Meliá y Hesperia gestionan establecimientos en un mercado turístico muy limitado.

El denominador común es evidente: ninguna de estas empresas puede decidir libremente su futuro en Venezuela. Todo depende de la evolución de la relación entre Trump y el chavismo, de las sanciones, de las licencias y de una eventual negociación política. Por ahora, parece más centrada en el control de los recursos energéticos que en una transición democrática o en una normalización económica real.