Ábalos se enreda con los 8 millones de mascarillas que le enfrentan a los 24 años de cárcel que pide la Fiscalía

El Supremo vivió este lunes una de esas jornadas que se recordarán, a futuro, en el marco del 'caso mascarillas', la primera de las piezas de la causa de corrupción que salpica al PSOE y al Gobierno, tras la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa. José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización de los socialistas, compareció como uno de los tres acusados que se sientan el banquillo, el principal de ellos, en la recta final del juicio abierto contra él, su exasesor Koldo García Izaguirre y el comisionista Víctor de Aldama, por la contratación irregular del material sanitario en pandemia y de dos de sus ex amigas, Jéssica Rodríguez y Claudia Montes, en empresas públicas de las que cobraron un sueldo sin ir a trabajar.

Seis horas y media de declaración en las que el que fuera 'dos' de Sánchez desplegó una estrategia tan calculada como ineficaz: negar cualquier responsabilidad, delegar en Koldo la mayoría de las cuestiones comprometidas, en una actuación autónoma del escudero que cuesta contextualizar; y, sobre todo, actuar como parapeto hacia arriba, al presidente. Ni una sola vez mencionó su nombre. Ni una. En contra de la versión de Aldama, que ya le había situado en el «escalafón uno» de la jerarquía de la «organización criminal» que destapó la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil¡, Ábalos optó por el silencio cómplice. La omertà sanchista, en estado puro.

Sin embargo, buena parte del foco puesto por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, quedó puesto, como no podía ser de otra manera, en los ocho millones de mascarillas adjudicados a Soluciones de Gestión SL, la empresa de Aldama, por más de 36 millones de euros a través de Puertos del Estado y Adif. Ábalos se borró en la ecuación del trato: «Por mi mano no pasó ninguna oferta». Desconocía, según él, que Aldama hubiera inflluido en la operación, en la cantidad de unidades y en el plazo y las condiciones de entrega. Entre otras cosas porque Koldo le habló de «hasta cuatro ofertas» y él, en plena emergencia pandémica, se limitó a dar una «orden política»: había que comprar mascarillas «lo antes posible» y «poner todos los medios».

Nada de nombres concretos. Nada de favores. Una directriz genérica, administrativamente armada por un subsecretario, José Manuel Rodríguez que, por casualidad, acabó en manos de una única empresa, la de Aldama que, tal y como reveló el propio empresario, adelantó dinero de su propio bolsillo para traer el material desde China.

Sin embargo, bajo el interrogatorio pausado pero certero del fiscal Luzón, la declaración se desmorona cuando sale a relucir el cambio de criterio: el paso de los 4 millones de unidades iniciales a 8, en un lapso de 38 minutos de acuerdo con las evidencias presentadas por la UCO. Un doblaje exprés al que Ábalos intentó restar relevancia hablando de «error» en el pliego inicial del que, en cuanto toma conciencia, pidió que le rectificaran. No hubo «mala de» aseguró el ex ministro apoyándose en la urgencia del contexto: «Pedir para quince días era como no pedir».

Y, ahí, en su afirmación incorporaba su propia autoinculpación, sin saberlo. Ábalos aseguró que en su pensamiento siempre estuvieron, desde origen, los ocho millones de unidades. Quería una reserva estratégica para un mes porque la necesidad era «desesperada», pero no se dio cuenta de que en esos 30 días de previsión, frente a los 15 recogidos en el decreto inicial del estado de alarma quedaba implícita su propia culpa. No sólo desbordó los cauces legales que le prestaba la decisión del Consejo de Ministros, sino que lo hizo a petición del propio Aldama que, según los testimonios previos, incluido el de Koldo, impuso el «ocho millones o nada».

También olvidó mencionar el ex ministro que llegaron otras ofertas más baratas y que, pese a ello, se mantuvo intacto el contrato con Soluciones de Gestión, porque la trama quería hacer dinero rápido y fácil.

La distancia con Aldama fue uno de los ejes sobre los que Ábalos situó su defensa. «Nunca fue mi amigo», insistió. Mantuve siempre «cierta distancia» y el empresario solo alardeaba de su cercanía llamándole «jefe», como Koldo, lo que a juicio de un irónico ex ministro define mucho la dinámica del personaje. Su presencia en el Ministerio, pasaba por Koldo sobre quien, también, delegó el «control de los gastos» y la contabilidad de los pagos porque Koldo adelantaba dinero para pagar las facturas de las que no quería que se enterase su exmujer. Hasta tal punto que Ábalos reconoció, en voz alta, frente al tribunal, que todavía le debe 33.000 euros.

Los sobres del PSOE, normalizados por Ábalos porque en Ferraz se había hecho así «toda la vida», transferencias de 23.000 euros, pagos en metálico… todo «normal». ¿Solo 94.800 euros de origen desconocido en diez años?, se preguntaba Ábalos con sarcasmo. «Esto es lo que se van a encontrar en el gran caso de corrupción de las mascarillas», aseguraba quien, paradójicamente, se enfrenta a 24 años de prisión, pena instada por la Fiscalía, acusado de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias.

De hecho, fue cuando el fiscal Alejandro Luzón sacó a relucir una captura de WhatsApp entre Ábalos y Sánchez –una conversación privada sin relevancia penal aparente–, cuando el exministro cambió el gesto de la ironía a la defensiva: «No entiendo qué respeto merece» una charla entre ministro y presidente. Son «incluso cosas que pueden afectar a la propia seguridad del país», se lamentaba en un mensaje clarísimo a Moncloa: no voy a tirar de la manta.

Y es que, al contrario de Aldama que sí apuntó alto y habló de jerarquías e insistió en la línea de la financiación irregular del PSOE. Ábalos eligió la vía de la contención, un cortafuegos para Sánchez, con el mismo silencio que usó para blindar su propia versión. La «lealtad» a la que en varias ocasiones hizo mención, por encima de la verdad judicial.

De ahí que en el momento en el que la Fiscalía, a última hora de la jornada, elevó sus conclusiones, no hubiese ni un milímetro de rebaja: 24 años de cárcel para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y, lo más significativo, siete años para Aldama. Pese a su colaboración «muy cualificada» con la Justicia, su confesión y todas las aportaciones –que han sido clave para destapar la trama–, la Fiscalía no quiso premiarle más.

A diferencia de la acusación popular, liderada por el PP, que sí rebajó su petición inicial contra el empresario, para evitar su ingreso en prisión, Anticorrupción se mantuvo inamovible por orden de la nueva fiscal general, Teresa Peramato, que no está dispuesta a olvidar que fue Aldama el que retrató a Sánchez como 'el 1' del entramado. Y eso, para un Ministerio Público al servicio del poder político, fue determinante.

Ábalos dejó ayer el Supremo, camino de la cárcel de Soto del Real, con la misma pose de víctima que ha cultivado estos meses. La de un hombre enamorada, traicionado por las mujeres, entregado a su vocación de servicio que asume, sin embargo, una «clara condena» en un caso «mediático» ya «juzgado desde hace tiempo» en los platós de televisión. El ex ministro lo negó todo, lo delegó todo y lo repartió entre varios actores entre los que, sin embargo, no se tocó a quien realmente importa. Sánchez, mientras tanto, sigue en Armenia, fuera de foco y algo más aliviado.

El juicio quedará el miércoles visto para sentencia y sea cual sea el veredicto, los ciudadanos sabrán que en lo peor de la pandemia, mientras estaban encerrados y muchos morían, un ministro compró ocho millones de mascarillas al mejor postor, sacando rentabilidad de la tragedia. Los sobres, las lealtades y los silencios estratégicos quedarán, para siempre, en la hemeroteca colectiva como uno de los capítulos más turbios de la gestión del sanchismo.