Varapalo a la treta del Gobierno para colar gastos sin Presupuestos justo tras su última promesa electoralista

Varapalo del Congreso al Gobierno justo tras poner de largo una nueva promesa que aspira a engordar sensiblemente el gasto del Estado. El anuncio, por parte del Ministerio de Derechos Sociales, de que el Ejecutivo estaría negociando una prestación universal de 200 euros al mes por hijo menor de 18 años a cargo, chocó horas después con la mayoría de la Cámara Alta, que aprobó una proposición de ley del PP para evitar que se continúen moviendo fondos entre ministerios sin control parlamentario.

"Es una puerta trasera para escapar al control presupuestario y va en contra del propio espíritu de la Ley General Presupuestaria (LGP)», consideraban los populares, cuya iniciativa salió adelante a última hora de este martes gracias al respaldo de Junts y PNV, lo que de prosperar supondrá poner fin a la amplia manga ancha con la que ha gozado el Ejecutivo hasta ahora.

El Gobierno había vinculado la nueva prestación conocida ayer a la tramitación de los próximos Presupuestos Generales del Estado. Es decir, quedaría más allá de los ya deshilachados límites de las cuentas de 2023, que son las que todavía siguen en vigor.

Unos Presupuestos, los de 2023, elaborados en 2022, que han tenido que ser prorrogados en tres ocasiones ante la falta de apoyo parlamentario del Gobierno. Escenario que, como ya informó El Debate, no ha frenado al Ejecutivo para activar todo tipo de gastos a discreción.

La clave se encuentra en una fórmula que el Ejecutivo aprobó durante la pandemia con carácter excepcional, y que se incorporó también a la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2023. La fórmula a la que el Gobierno recurre cada vez con mayor entusiasmo le habilita a mover partidas presupuestarias entre secciones sin atender a las restricciones del artículo 52.1 de la Ley General Presupuestaria. Un artículo que, entre otros, limitaba a anteriores Ejecutivos la posibilidad de trasladar créditos entre secciones presupuestarias.

Los datos más recientes de la Intervención General del Estado (IGAE) muestran cómo, hasta noviembre de 2025, las modificaciones de crédito alcanzaron los 75.446 millones de euros. Se trata de una cifra sin parangón en los últimos años, incluyendo los 74.303 millones efectuados entre enero y noviembre de 2020. Los datos de cierre de año no se conocerán, previsiblemente, hasta el mes de marzo.

Pero ahora, basta con que María Jesús Montero, la persona titular del Ministerio de Hacienda, etiquete la partida como «gastos ineludibles» para sortear el obstáculo. Además, Montero también puede mover transferencias de crédito entre distintas secciones que afecten a los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y los de ayuda a la recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (React-EU). Esta etiqueta es sin embargo, para la oposición «un concepto totalmente subjetivo y arbitrario».

Esta fórmula, unida a que las cuentas del 23 eran de carácter expansivo y a los sucesivos récords en materia de recaudación, ha permitido al Ejecutivo gozar de un amplísimo margen de maniobra. Tanto que Sánchez pudo, por ejemplo, recurrir a 2.200 millones del capítulo ocho de gastos para entrar en el accionariado de Telefónica. Una maniobra que en su día cuestionaron los economistas consultados por este periódico.