Sánchez modificó más los Presupuestos en 2025 que en pandemia con la fórmula que ideó para la emergencia

La fórmula nacida en plena pandemia para que el Gobierno pudiera realizar sin problemas un amplio abanico de modificaciones y ampliaciones presupuestarias está siendo de más utilidad para el Gobierno ahora que en lo más crudo de la emergencia.

Así lo certifican los datos más recientes de la Intervención General del Estado (IGAE), que arrojan cómo, hasta noviembre de 2025, las modificaciones de crédito alcanzaron los 75.446 millones de euros. Se trata de una cifra sin parangón en los últimos años, incluyendo los 74.303 millones efectuados entre enero y noviembre de 2020. Los datos de cierre de año no se conocerán, previsiblemente, hasta el mes de marzo.

La clave se encuentra en una fórmula que el Ejecutivo aprobó entonces con carácter excepcional, y que se incorporó también a la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2023. Un texto que se mantiene vigente en la actualidad, ante la falta de apoyos parlamentarios para sacar adelante unas nuevas cuentas en todo lo que llevamos de legislatura.

La fórmula a la que el Gobierno recurre cada vez con mayor entusiasmo le habilita a mover partidas presupuestarias entre secciones sin atender a las restricciones del artículo 52.1 de la Ley General Presupuestaria. Un artículo que, entre otros, limitaba a anteriores Ejecutivos la posibilidad de trasladar créditos entre secciones presupuestarias.

Pero ahora, basta con que María Jesús Montero, la persona titular del Ministerio de Hacienda, etiquete la partida como «gastos ineludibles» para sortear el obstáculo. Además, Montero también puede mover transferencias de crédito entre distintas secciones que afecten a los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y los de ayuda a la recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (React-EU).

Esta fórmula, unida a que las cuentas del 23 eran de carácter expansivo y a los sucesivos récords en materia de recaudación, ha permitido al Ejecutivo gozar de un amplísimo margen de maniobra. Tanto que Sánchez pudo, por ejemplo, recurrir a 2.200 millones del capítulo ocho de gastos para entrar en el accionariado de Telefónica. Una maniobra que en su día cuestionaron los economistas consultados por este periódico.

Maniobra del PP para tumbarla

La fórmula de «gastos ineludibles» es denostada por la oposición, que considera que se trata de «un concepto totalmente subjetivo y arbitrario». Así figura en la proposición de ley que el PP llevará este martes al Congreso de los Diputados, que busca lograr el apoyo de la cámara para exigir al Gobierno el cumplimiento de la Ley General Presupuestaria.

«Esta medida extraordinaria tenía sentido en el contexto excepcional de la pandemia, pero mantenida hoy es una puerta trasera para escapar al control presupuestario y va en contra del propio espíritu de la Ley General Presupuestaria (LGP)», consideran los populares.

Fuentes del partido confirman que está previsto que dicha propuesta se debata y se someta a votación esta tarde. Confían en que logre apoyos suficientes después de que el pasado 26 de marzo una moción del Grupo Popular instando al Gobierno a someter al Congreso los planes de incremento de gasto en defensa lograra el respaldo mayoritario de la cámara.

La iniciativa aspira no solo a derogar el punto uno del artículo 9 de la LGP que habilita los cuestionados «gastos ineludibles», sino que también prohíbe «expresamente» las transferencias de crédito entre secciones, tal y como recoge el artículo 52.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Igualmente, aboga por la obligación de someter a las Cortes Generales los créditos extraordinarios o suplementarios relacionados con la defensa y la seguridad. Cabe recordar que el Gobierno ha aprobado más de 14.000 millones en créditos para el sector al calor del rearme europeo que exige Donald Trump, una cuantía que está en el alero tras el recurso del gigante americano General Dynamics tras haber quedado fuera del reparto su filial española Santa Bárbara.