Vista de la sede de Telefónica en Madrid.
Hacienda transfirió 500 millones a la SEPI en febrero para entrar en Telefónica
Montero dispara un 92,2 % las aportaciones patrimoniales del Estado sin Presupuestos
Los jugosos negocios de Telefónica en los que quiere entrar el Gobierno
Las aportaciones patrimoniales netas del Estado se disparan en pleno desembarco en Telefónica. En concreto, en lo que va de año han aumentado en 961 millones de euros, de los cuales 500 corresponden a la aportación realizada a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Los otros 461 millones han ido a parar a Adif, según los últimos datos de contabilidad de caja y contabilidad mensual, difundidos por la Intervención General del Estado (IGAE). En 2023 el aumento de las aportaciones fue de 40 millones, de los que 30 correspondieron al Consorcio de la Zona Franca de Cádiz.
Se trata de un incremento del 92,2 % de estas operaciones, que se registran por el Capítulo 8 del presupuesto de gastos, confirmando, como adelantó El Mundo, de que el Ejecutivo se ha valido de fondos de Hacienda para sortear la falta de Presupuestos Generales para la operación. Un obstáculo que, según el consenso de los economistas, dificultaba enormemente la operación por parte de la SEPI, que carecía de liquidez para llevarla a cabo y acumulaba una deuda, a cierre de 2022, de 357 millones de euros. De ahí que el PP haya anunciado que investigará la operación, como avanzó este domingo su presidente, Alberto Núñez Feijóo, y confirmaron a El Debate fuentes populares. Economistas consultados por este periódico consideran que la fórmula empleada es, en cualquier caso, muy poco ortodoxa.
En los Presupuestos de 2023, prorrogados automáticamente el pasado 1 de enero, se consignaba una partida de 20.608.622.000 euros para las aportaciones patrimoniales, de los cuales la gran mayoría, 15.000.000, se destinarían al Fondo de Financiación de las Comunidades Autónomas y otro millón adicional al Fondo de Financiación de Entidades Locales. Otras aportaciones estaban consignadas para ADIF y ADIF Alta Velocidad, la empresa de suelo público SEPES, Red.es y organismos como las zonas francas de Sevilla, Santander, Gran Canaria o Santa Cruz de Tenerife.
La SEPI comunicó la semana pasada que ya ha alcanzado el 3 % del capital social de la compañía, después de que el Consejo de Ministros acordara, el pasado 19 de diciembre, le ordenara adquirir un máximo del 10 % para proteger su españolidad ante el desembarco de la saudí STC. Según EP, también controla otro 2 % en derivados financieros, lo que equipararía ya su participación total a la de accionistas de referencia como Caixabank o BBVA.
Desde el anuncio de la compra, en diciembre, la cotización de Telefónica se ha revalorizado un 14,57 %, pasando de 3,57 euros por acción a 4,09, con lo que el Estado ha encarecido su propio desembarco en la operadora, como destacaba recientemente el jefe de análisis de XTB, Manuel Pinto. Según Telefónica, «el interés demuestra que es una compañía líder, estratégica y atractiva, no solo en el ámbito de las telecomunicaciones, sino también en el desarrollo del conjunto de la nueva era digital, tanto en España como en el plano internacional».
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