Fundado en 1910

España ha recibido de la Unión Europea, en modo subvenciones 48.000 millones y otros 23.000 millones en préstamos que fueron recibidos el 8 de agosto de 2025, es decir, en total hemos recibido 71.000 millones de los 163.000 que podríamos haber recibido, ni siquiera el 44 % del total.

Solo este dato debería dejar en ridículo a un equipo de gobierno que no tiene elaborados ni siquiera unos presupuestos de sus ministerios desde diciembre de 2022. Es decir, que nadie ha trabajado, ni en 2023, ni en 2024, ni en 2025, en elaborar un presupuesto para cada uno de los ministerios, con los planes que tienen que haber detrás que definan cual es la estrategia de economía y país que queremos.

Elaborar unos presupuestos serios y profesionales lleva tiempo y materia gris, pero como no han dedicado ni tiempo ni materia gris, sorprende todavía más, que la existencia de un dinero que ha venido de la UE para ayudar a la recuperación de la economía después del COVID, tampoco se haya utilizado, dispuesto y aprovechado.

Hoy vamos a ver que, además, este Gobierno es un gobierno de trileros, porque en 2025 de los 35.500 millones que están asignados para ser usados, realmente sólo 8.448 millones han sido repartidos a los ministerios como subvenciones y 26.096 millones han sido repartidos para que se presten y sean posteriormente devueltos por los receptores de los mismos, que además tendrán que pagar intereses por dichos préstamos, cuando realmente los 23.000 millones recibidos en agosto de 2025, ni siquiera se han asignado para su distribución, o como mucho 10.000 millones de los mismos.

La gran pregunta que habría que hacerle a Carlos Cuerpo y a María Jesús Montero es porque se presta el dinero que se recibe en modo subvención, cuando ni siquiera son capaces de ejecutar el dinero recibido en subvenciones. La segunda pregunta es también muy clara, ¿Se ha informado a la Comisión Europea de que las subvenciones que se han recibido se están usando como préstamos? Porque me temo que están callados como puertas.

Para que vean ustedes como han quedado estos fondos europeos repartidos, he preparado esta información para que sea más fácil entender:

Hasta noviembre de 2025, el total de créditos asignados para poder ser utilizados, sumaban 34.545 millones, de los cuales, a Operaciones No Financieras, es decir, subvenciones a fondo perdido, se distribuyeron 8.448 millones, solo el 24,5 % del total, mientras que a préstamos se asignaron 26.096 millones el 75,5 %. La partida más alta de las subvenciones era la de Transferencias de Capital, es decir subvención para invertir, se asignaron 5.642 millones, un total del 16,3 % del dinero.

Los 22 ministerios solo han sido capaces de ejecutar y, por lo tanto, reconocer que se tendrán que pagar en algún momento, 9.475 millones, el 27,4 % del total de lo disponible, de los cual en subvenciones se han distribuido una cantidad ridícula de 3.735 millones, que entre 11 meses y 22 ministerios ha tocado a una media mensual de 15,4 millones por ministerio, o peor todavía, ha tocado un trabajo de 29 euros por empleado público de la Administración General del Estado.

Pero si miramos lo que realmente se ha pagado, vemos que en subvenciones hemos hecho llegar 3.183 millones y en préstamos 1.555 millones, toda pinta que las empresas están cansadas de que les tomen el pelo como se hizo con los préstamos ICO, que fueron «avalados» por el Estado, pero que la banca a los que no han podido pagar, les han ejecutado el 100 % de sus préstamos si han encontrado bienes que embargar.

En definitiva, a las empresas solo le han llegado físicamente 3.183 millones a fondo perdido, suponiendo que no se los hayan quedado los Organismos Autónomos, que es más que posible, y lo que de verdad ha podido llegar han sido 1.556 millones en préstamos a devolver.

Este es nuestro Gobierno: no cree en las empresas, cree que son entes molestos dirigidos por señores con chistera y que fuman puros, cuando en realidad son la mayoría de ellos, empresarios modélicos, que pagan religiosamente todos los meses sus impuestos y que además hacen de recaudadores para el Estado, reteniendo el IRPF y el IVA, para que si cometen un error sean culpables de algo que no les corresponde a ellos, que es hacer de intermediarios entre el Estado y los trabajadores y otras empresas.