El Gobierno sube el SMI que pagan los empresarios mientras congela el indicador que aumentaría las ayudas públicas

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves el real decreto que fija el salario mínimo interprofesional (SMI) en 1.221 euros mensuales por catorce pagas para 2026, un 66 % más que en 2018. En contraste, el indicador utilizado para la concesión de ayudas y subsidios apenas ha crecido un 11,5 % en ese mismo periodo y permanece congelado desde 2023 por la incapacidad del Gobierno de aprobar unos Presupuestos Generales.

Hasta 2004, el SMI servía de referencia para la concesión de ayudas, subvenciones y subsidios. Ese año, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decidió desvincular estas prestaciones del salario mínimo mediante la creación del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM). El real decreto que articuló la reforma alegaba «razones de seguridad jurídica» y la necesidad de evitar «efectos perturbadores en la economía y en las Administraciones públicas»; en la práctica, la modificación impedía que las subidas del SMI se trasladaran automáticamente al gasto público en ayudas.

Desde entonces, el IPREM actúa como referencia para los subsidios por desempleo, las becas, la asistencia jurídica gratuita, el acceso a vivienda de protección oficial, las ayudas al alquiler o el bono social eléctrico, entre otras prestaciones. A diferencia del salario mínimo, cuya actualización se aprueba por real decreto, el IPREM requiere su inclusión en los Presupuestos Generales del Estado para ser modificado.

La ausencia de nuevos Presupuestos ha provocado que el índice permanezca congelado en 600 euros mensuales desde 2023. Desde 2018, su incremento acumulado es del 11,5 %, frente al 66 % del SMI y al 22,5 % registrado por los precios en ese mismo periodo. En términos reales, el IPREM ha perdido capacidad adquisitiva, lo que reduce de forma progresiva el umbral efectivo de acceso a determinadas ayudas.

Esta congelación, no obstante, permite a las Administraciones Públicas contener las transferencias al tiempo que endurece de facto los requisitos. Para Pepa Burriel, profesora de Derecho de la Universitat Rovira i Virgili, la falta de actualización del IPREM «afecta a la calidad de subsistencia de las personas», ya que, al no ajustarse ni al salario mínimo ni a la inflación, «no solo supone menores cuantías, sino que además dificulta el acceso a las prestaciones».

Por ejemplo, cuando se reformó el subsidio de desempleo para mayores de 52 años, en marzo de 2019, la cuantía ascendía a unos 430 euros mensuales, equivalente al 80 % del IPREM. Siete años después se sitúa en torno a 480 euros, mientras que los precios han aumentado un 21,3 % en ese intervalo. De haber permanecido vinculado al salario mínimo –como ocurría antes de 2004– el subsidio alcanzaría hoy los 915,75 euros, prácticamente el doble.

Otro caso es el acceso a la vivienda protegida. La normativa establece que los ingresos de la unidad familiar no pueden superar 5,5 veces el IPREM, lo que sitúa el límite en torno a 3.300 euros mensuales. Hace una década, ese umbral era de 2.929 euros, apenas 371 euros menos que en la actualidad, aunque en términos reales suponía una mayor capacidad adquisitiva.

Contraste con el SMI

Los sindicatos han reclamado en diversas ocasiones la revisión del IPREM o su sustitución por un indicador que no dependa de la aprobación de los Presupuestos, pero el Gobierno ha condicionado cualquier modificación a la aprobación de nuevas cuentas públicas. En 2024, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció su intención de impulsar una actualización del 3 %, una iniciativa que finalmente no prosperó.

Por el contrario, el Ejecutivo ha mantenido la senda de incrementos del salario mínimo. Desde junio de 2018, el SMI ha pasado de 735,9 euros a 1.221 euros mensuales, lo que supone una subida acumulada del 66 %. Esta evolución eleva el suelo salarial de los trabajadores con menores ingresos y amplía la base sobre la que se calculan las cotizaciones sociales que pagan las empresas.

Burriel lamenta que, frente al esfuerzo realizado por el Gobierno para elevar el SMI, el IPREM «no ha tenido un reflejo real en estos años», y considera que el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, responsable de su regulación, «no ha mostrado el mismo interés en su actualización».

El Ejecutivo ha defendido las subidas del SMI como una medida de protección para los trabajadores con menores ingresos. Sin embargo, el índice que fija el acceso a buena parte de las ayudas públicas apenas ha crecido un 11,5 % desde 2018 y continúa congelado, lo que limita la actualización de los umbrales vinculados a estas prestaciones.