El exceso regulatorio le cuesta a España 90.000 millones al año

España soporta una carga normativa que, según el Instituto Juan de Mariana y el Centro de Estudios, Formación y Análisis Social (CEU-CEFAS), genera un impacto económico superior a los 90.000 millones de euros anuales, de acuerdo con el informe Desenredar España presentado este martes.

El trabajo analiza 243 normas con rango de ley –entre leyes orgánicas, ordinarias, reales decretos-ley y decretos legislativos– aprobadas desde 2018. De ellas, 204, el 84 % del total, serían susceptibles de derogación íntegra o de una reforma profunda por su carácter intervencionista, deficiencias técnicas o escasa justificación funcional.

Durante la presentación, el director de CEU-CEFAS, Elio Gallego, advirtió de que «la sobrerregulación es un problema esencial para la propia visibilidad de la sociedad occidental» y sostuvo que el crecimiento burocrático ha derivado en «una situación insostenible» en la que la Administración «amenaza con hacer imposible la vida de las personas».

Entre 1978 y 2021 se aprobaron en España 411.804 normas, a las que se añadieron 11.775 en 2022. El ritmo supera las 30 disposiciones diarias, lo que equivale a una nueva regulación cada 45 minutos. A juicio de los autores, esta densidad normativa incrementa la complejidad jurídica, amplía la discrecionalidad administrativa y eleva los costes de cumplimiento para empresas y ciudadanos.

El director del Instituto Juan de Mariana, Manuel Llamas, afirmó que «tenemos un problema de libertad económica muy relacionado con el intervencionismo».

Cinco bloques de revisión

El estudio clasifica las 243 normas examinadas en cinco bloques con distinto grado de intervención necesaria. Un 23 % correspondería a leyes susceptibles de derogación íntegra al no estar vinculadas a mandatos europeos. Otro 16 % incluye normas cuya modificación exigiría negociación con Bruselas por estar asociadas a compromisos del Plan de Recuperación y a fondos Next Generation EU.

El 13 % se refiere a regulaciones afectadas por problemas de gold-plating, es decir, transposiciones de directivas europeas que incorporan obligaciones adicionales más allá de las exigidas por la normativa comunitaria.

El bloque más amplio, con un 48 %, agrupa leyes que, según el informe, requieren reformas profundas por su diseño rígido o intervencionista. Entre los ejemplos citados figuran la eliminación del despido por absentismo, vinculada en el documento a un aumento del absentismo laboral del 53 % y a un coste agregado estimado cercano a 130.000 millones de euros, así como el impuesto sobre determinados servicios digitales, cuya recaudación –375 millones– quedó por debajo de las previsiones iniciales de 1.000 millones.

Inteligencia artificial

El informe incorpora además la herramienta SPAIN-DESREG, desarrollada por Foro Regulación Inteligente, que emplea técnicas de big data e inteligencia artificial para analizar más de 649.000 desarrollos normativos.

Según las simulaciones , sería posible lograr reducciones del 90 % al 95 % en extensión normativa en determinados ámbitos y descensos superiores al 50 % en carga regulatoria, manteniendo coherencia jurídica y evitando vacíos legales.

Diego Sánchez de la Cruz, del Instituto Juan de Mariana, subrayó que «el 84 % de las leyes son susceptibles de mejora o directamente de derogación» y defendió que la prioridad no debe limitarse a la simplificación administrativa. «¿Nos vendría bien una simplificación administrativa? Sí, pero no solucionaría los problemas a largo plazo; la prioridad es desregular», afirmó.