La Justicia aborda, por cuarta vez, la constitucionalidad de la Ley de Vivienda

Tres años después de su aprobación, el Tribunal Constitucional debatirá este martes el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Vivienda presentado en 2023 por la Comunidad de Madrid. El gobierno de Isabel Díaz Ayuso acudió a la vía judicial, ya que entendían que se estaban invadiendo las competencias regionales y que iba contra el mercado inmobiliario.

En concreto, el recurso interpuesto por la comunidad liderada por Ayuso se centra en 11 apartados de ocho artículos en los que se «extralimita» la interpretación de las competencias del Estado. En ellos se declaran las zonas de mercado tensionado, se obliga a los grandes tenedores a informar sobre las viviendas que tienen en esas zonas, la modificación de la Ley del Suelo y como se debería regular y gestionar el parque público de vivienda.

Este no es el primer recurso que se interpuso contra esta normativa. Baleares, Cataluña y Andalucía también lo hicieron, y el Constitucional ya los ha resuelto avalando varios conceptos cuestionados y rechazando otros. Entre los primeros estaba el artículo 16, en el que se establecía el régimen de la vivienda protegida; el artículo 19.3, que establecía la información que deben suministrar los grandes tenedores, por «excesiva», así como que las regiones suministren al Estado información sobre los programas de acceso a la vivienda.

Sin embargo, ha avalado el resto de la Ley de Vivienda, incluso el límite de los alquileres en las zonas donde el mercado residencial está tensionado, ya que «aprecia una relación razonable o equilibrio justo entre los medios empleados y la finalidad pretendida».

Esta ley entró en vigor en mayo de 2023, después de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez la sacase adelante con el apoyo de Unidas Podemos. Su objetivo principal era promover el acceso a la vivienda, especialmente entre los colectivos más vulnerables. Entre las medidas figura la creación de zonas tensionadas de alquiler para poder limitar los precios, la figura de gran tenedor, así como la obligación de que los gastos de gestión inmobiliaria por el alquiler corran a cuenta del propietario.

Pero, tal y como habían avisado los expertos, no solo no ha mejorado el acceso a la vivienda, sino que los efectos de esta normal han agravado este problema, debilitando el alquiler residencial, provocando una destrucción de oferta de alquiler nunca vista hasta ahora y batiendo todos los récords de precios en prácticamente todas las provincias del país.