Fachada de la sede de BBVA en Madrid.
Juzgan a una exempleada del BBVA por un presunto fraude de 44 millones al manipular operaciones de factoring
La fiscalía solicita siete años de prisión por un delito de administración desleal
La Audiencia Provincial de Madrid juzgará este miércoles a una extrabajadora de BBVA acusada de irregularidades graves en la gestión de operaciones de factoring internacional entre 2015 y 2017, causando un supuesto fraude de 44 millones de euros.
El Ministerio Fiscal solicita una condena de siete años de prisión por un delito de administración desleal, así como un delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular. Además, pide que indemnice a BBVA en la cantidad de 44.260.702,34 euros.
Según el escrito de acusación, la procesada habría actuado al margen de los procedimientos internos del banco, gestionando la mayoría de las operaciones sin contratar las coberturas obligatorias de corresponsales internacionales.
La acusación sostiene que la empleada ejecutó cerca del 90 % de las operaciones de factoring sin las garantías exigidas, lo que exponía al banco a asumir directamente el riesgo de impago de las facturas financiadas.
Además, habría ocultado esa situación a los departamentos de control, haciendo constar en la documentación que las coberturas sí existían cuando en realidad no habían sido contratadas.
El procedimiento también atribuye a la acusada la manipulación de comisiones que supuestamente debía pagar la entidad a corresponsales extranjeros, incrementándolas hasta en un 50 %.
Esas cantidades, según la acusación, se desviaban a cuentas instrumentales que ella controlaba. En ellas habría llegado a acumular más de 22 millones de euros, utilizados en parte para cubrir pérdidas derivadas de operaciones fallidas sin cobertura.
Pagos a clientes
Con cargo a esos fondos, la acusada habría ordenado pagos a clientes del banco para reducir deudas generadas por operaciones sin garantía, por un total superior a cuatro millones de euros en más de 200 operaciones entre 2015 y 2017. Entre las empresas beneficiadas figuran compañías del sector textil, industrial y agroalimentario.
El núcleo del caso gira en torno al presunto riesgo económico generado para la entidad financiera, ya que el sistema de factoring sin recurso exige la intervención de corresponsales que garanticen los pagos en caso de insolvencia del deudor internacional.
La Fiscalía sostiene que la actuación de la acusada eliminó ese mecanismo de protección y alteró el funcionamiento normal del sistema de control del banco.