En España se aprueba una ley cada 45 minutos: «La inseguridad jurídica es el resultado de una cascada de regulaciones»

Entre 1978 y 2021 se aprobaron en España más de 411.000 leyes y, desde entonces, el ritmo no ha dejado de crecer hasta el punto de que se da luz verde a un nuevo desarrollo normativo cada 45 minutos. Si se apilara el papel que recoge esta regulación, superaría con creces la altura de monumentos como la Torre Eiffel o el Empire State Building.

El Instituto Juan de Mariana y el Centro de Estudios, Formación y Análisis Social (CEFAS) del CEU acaban de publicar un informe sobre la «hipertrofia normativa» que sufre nuestro país y que se ha agudizado en los últimos años. Esta deriva conlleva un coste sobre la actividad económica por valor de 90.000 millones de euros y graves efectos en materias como la vivienda o el absentismo.

«Las consecuencias de esta inflación normativa van más allá del plano económico y de la dimensión de la libertad individual. Como es lógico, la inseguridad jurídica es el resultado directo de semejante cascada de nuevas regulaciones, que traen consigo el aumento de los costes de cumplimiento y la dificultad para conocer el acervo legislativo verdaderamente aplicable», explican los autores.

Un claro ejemplo es el del Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, que «marcó el inicio de una escalada intervencionista en el mercado con efectos contraproducentes». Según los autores del estudio, al restringir la autonomía de la voluntad y ampliar las prórrogas forzosas, el legislador envió un mensaje de desconfianza profunda hacia los propietarios privados, tratándolos como «sujetos a los que hay que tutelar de forma coercitiva».

Las consecuencias de este «paternalismo buenista» han acabado convirtiéndose en un «castigo que los propietarios terminaron trasladando a los arrendatarios». Entre 2020 y 2025, la oferta de vivienda en alquiler ha caído un 56 %, mientras que los precios se han disparado un 30 %. La «inseguridad jurídica» ha provocado que los dueños de inmuebles se retiren del mercado en masa, certificando el fracaso de una apuesta que pretendía ayudar a los más vulnerables y ha terminado asfixiándolos.

En materia laboral, la Ley 1/2020, que derogó el despido objetivo por faltas de asistencia, ha distorsionado la naturaleza de la relación contractual. Esta norma «revela una intención de convertir al empleador en un garante social subsidiario», obligando a las empresas a sostener puestos de trabajo en situaciones inviables y trasladando el coste de las deficiencias del sistema sanitario directamente a las cuentas de resultados empresariales.

Los efectos de esta medida han sido preocupantes. El absentismo laboral se ha disparado un 53 % desde su entrada en vigor, lo que se traduce en un coste «directo, indirecto e inducido que roza los 130.000 millones de euros». Cada jornada, aproximadamente 1,6 millones de trabajadores no acuden a su puesto, generando un «cuello de botella operativo que termina sobrecargando de tareas al resto de la plantilla» y deteriorando el clima laboral de forma irreversible.

A esta situación se suma la obligatoriedad del registro de jornada, introducido por el RDL 8/2019, que el informe califica como una de las «mayores involuciones hacia modelos laborales del siglo pasado».

En una economía moderna que exige flexibilidad y gestión por objetivos, imponer un control horario rígido es una carga administrativa «indiscriminada» que no aporta valor real y que «fomenta una cultura presencialista», lastrando la productividad. El legislador, movido por una «desconfianza sistémica hacia la autonomía de las partes», no ha logrado ni siquiera los objetivos que perseguía: las horas extra no pagadas no han disminuido, sino que han pasado de 2,5 millones a 3,2 millones en el último lustro.

«Motosierra digital»

La factura total de esta «asfixia normativa» para la actividad económica nacional supera ya los 90.000 millones de euros. Según los expertos del IJM y el CEU CEFAS, ha emergido en España el llamado «Estado Niñera», una estructura política que «todo lo ve y todo lo regula» bajo la legitimación de conceptos como la igualdad o el bienestar, pero que en la práctica recorta drásticamente el margen de autonomía personal de las familias.

Para combatir esta situación, el informe propone el uso de una «motosierra digital», una herramienta basada en inteligencia artificial y Big Data denominada Spain-Desreg, capaz de auditar el stock normativo y detectar el «socialismo latente» o los elementos ideológicos de control que impregnan las leyes aprobadas desde 2018.

84 % susceptibles de reforma

Para los autores del estudio, España necesita una agenda de desregulación urgente que no se limite a aprobar nuevas leyes, sino que aborde de forma sistemática la revisión y eliminación de aquellas que han demostrado ser «innecesarias, dañinas o ideológicamente intervencionistas».

De las 243 leyes aprobadas bajo la administración de Pedro Sánchez, los autores sitúan a 204 en el punto de mira para su reforma o derogación, lo que representa el 84% del acervo normativo. Restaurar la seguridad jurídica y la libertad de empresa no es solo una cuestión de eficiencia económica, sino una necesidad imperiosa para «restaurar el pluralismo político» y devolver la soberanía a la sociedad civil, concluyen.