El fariseísmo nuclear de Teresa Ribera indigna a las familias de Almaraz, que siguen sin saber qué va a ser de su futuro

Nada hay más antiguo que declararse antinuclear en el año 2026. Más antiguo y más ruin, cuando se recurre a argumentos que son patrañas. Como que prolongar el periodo de vida útil de Almaraz costaría 3.831 millones de euros al bolsillo del consumidor y supondría unas pérdidas de inversión en renovables de 26.129 millones de aquí al año 2033.

El último informe encargado por Greenpeace pone el grito en el cielo por el cambio de postura de las eléctricas, que en su opinión, responde a criterios empresariales y no de seguridad. Como si la tecnología no hubiera avanzado para garantizarla, igual que asegura una gestión de los residuos en absoluto comparable a la de hace años. Y eso por no hablar de los SMR, los pequeños reactores modulares que la Comisión Europea pretende impulsar en el contexto de un ambicioso plan industrial de 240.000 millones de euros que presentará la semana que viene.

Manda narices que lo único que se vaya a cumplir del Plan energético que redactó Teresa Ribera en 2021 y amplió en 2024 antes de marcharse con Von der Leyen, sea el cierre nuclear

La encargada de hacerlo será Teresa Ribera, la misma que estaba obsesionada con el cierre del parque nuclear español cuando era ministra para la Transición Ecológica. La misma que sigue susurrando al oído de su predecesora desde la distancia. Porque «Aagesen, como el general Armada el 23-F, ni está ni se le espera. Desde que Ribera se fue a Bruselas, el Miteco está instalado en la parálisis, como demuestran el retraso del PNIEC y tantas otras cosas».

Se refiere mi fuente en la Plaza de San Juan de la Cruz al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que la industria insiste en volver a revisar porque no hay quien se crea sus objetivos. «Si las baterías están entrando con menos capacidad de la esperada y la rentabilidad de las nuevas instalaciones renovables se ha ralentizado, parece razonable sentarse a hacer un Excel e intentar ver cómo evolucionarán de verdad la potencia instalada y la generación previsible», decía el otro día el presidente de Naturgy, Francisco Reynés.

Porque encima, el PNIEC no nos va a salir gratis. De mantenerse las capacidades a 2030 anunciadas, su aplicación exigiría unas subvenciones de casi 4.800 millones de euros anuales destinadas a las distintas tecnologías, según calcula Fedea. La explicación es que los precios resultantes del mercado no serían suficientes para cubrir los costes de las instalaciones que el Gobierno da por hecho que se construirán siguiendo su hoja de ruta para la descarbonización. El Plan Integrado prevé 167,1 GW de potencia instalada de generación y electrolización a la vuelta de cuatro años, un 93 % más que la actual. Pues bien, la Fundación de Economía Aplicada (Fedea) estima que habría que subvencionar 74,4 GW de nueva capacidad con ayudas adicionales.

Manda narices que lo único que se vaya a cumplir del Plan energético que redactó Teresa Ribera en 2021 y amplió en 2024 antes de marcharse con Von der Leyen, sea el cierre nuclear. El sentir del sector energético pasa por ahí, y las compañías hacen bien en recordar que somos el único país de la Unión Europea que mantiene los planes de cierre de las centrales en contra de la recomendación del informe Draghi. El resto ha decidido prorrogar su vida útil o instalar nuevas, incluso con ayudas públicas autorizadas por la farisea comisaria Ribera, como sucede en Bélgica. Y he ahí los 70 reactores en construcción y los 120 programados en todo el mundo.

El desajuste entre las nucleares y las renovables nos cuesta 1.100 millones de euros

El renacer nuclear es una realidad tan incuestionable como que la penetración de renovables en España sin buscar el imprescindible equilibrio con los reactores ha acarreado un incremento de la inestabilidad en el sistema los últimos años. Lo vimos con el apagón del 28 de abril de 2025 y con otros incidentes posteriores, que no han pasado a mayores por la implementación de una estrategia de seguridad que cuenta sí o sí con las plantas nucleares. El parche, por cierto, nos cuesta a todos 1.100 millones de euros, y no los 516 que vende Redeia, como explicaron en el Senado los CEOs de Endesa e Iberdrola, José Bogas y Mario Ruiz-Tagle, respectivamente.

¿Y cómo se vive todo esto en Almaraz y en el conjunto de Campo Arañuelo? Pues con una indignación creciente, pero con el compromiso de seguir luchando para hacer oír su voz e impedir que se pierdan 3.000 puestos de trabajo y casi 100 millones de euros de contribución a la comarca.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que debe evaluar si hay garantías para que la central cacereña siga operando hasta 2030 -como han pedido sus propietarias-, cree que puede tener listo su dictamen hacia el verano. Lo que pasa es que van demasiados años de discusiones e incertidumbre, que impide a las familias hacer reformas en casa, comprarse un coche nuevo o explicarles a los niños qué va a ser de su futuro. Y todo eso, mientras Teresa Ribera defiende en Europa lo contrario de lo que dejó sentenciado en España. Por fortuna, el cabreo no genera gigavatios, porque explotaría Extremadura entera.