El canciller alemán, Friedrich Merz.
Alemania endurece su sistema de subsidios y podrá retirar la prestación a quienes rechacen trabajar
La reforma impulsada por el Gobierno de Friedrich Merz introduce sanciones más rápidas y reduce la protección del patrimonio para incentivar el empleo
El Parlamento alemán ha aprobado esta semana una profunda reforma de su principal prestación social no contributiva que endurece las sanciones a los desempleados que rechacen ofertas de empleo. Se trata de una polémica medida que pretende reforzar los incentivos para reincorporarse al mercado laboral.
La reforma fue aprobada en el Bundestag con 321 votos a favor, 268 en contra y dos abstenciones, gracias al apoyo conjunto de la Unión Cristianodemócrata (CDU/CSU) y el Partido Socialdemócrata (SPD). El nuevo sistema sustituirá progresivamente al conocido como Bürgergeld o «pago ciudadano» a partir del 1 de julio de 2026 y afectará a alrededor de cinco millones de beneficiarios.
La principal novedad de la reforma es el endurecimiento del sistema de sanciones para quienes no cooperen con las agencias públicas de empleo. Con el nuevo modelo, si un beneficiario no acude a una primera cita con la oficina de empleo, recibirá una segunda convocatoria automática. Si vuelve a ausentarse, la prestación se reducirá en un 30 % durante un periodo determinado.
Si la persona vuelve a faltar a una tercera cita o continúa sin colaborar con los servicios de empleo, la ayuda podrá suspenderse por completo. En ese caso, incluso se podrá dejar de cubrir el alquiler o los gastos de vivienda asociados a la prestación.
El Ejecutivo de Friedrich Merz ha señalado que estas sanciones se aplicarán solo en los casos más graves. «Las sanciones afectan a los menos. Para quien cumple las reglas no cambia nada», defendió el diputado socialdemócrata Jens Peick durante el debate parlamentario.
Actualmente, la prestación básica asciende a 563 euros mensuales para una persona sola, a los que se añaden ayudas para vivienda, calefacción y otros apoyos sociales.
Menor protección del patrimonio
La reforma también reduce la protección del patrimonio de los beneficiarios. El sistema vigente permitía mantener determinados ahorros durante un periodo inicial antes de que el Estado exigiera utilizarlos para cubrir los gastos propios.
Con el nuevo modelo, esa protección se reduce significativamente. El nivel de activos protegidos dependerá en mayor medida de la edad y los solicitantes tendrán que utilizar antes parte de sus ahorros para poder acceder a la ayuda pública.
Además, se endurecen los criterios para cubrir los costes de vivienda. Las autoridades podrán exigir antes a los beneficiarios que se trasladen a viviendas más baratas si el alquiler supera los límites considerados razonables en cada región.
El Ejecutivo defiende que estas medidas buscan reforzar la equidad del sistema. Según sus datos, el conjunto de prestaciones vinculadas al actual modelo de renta básica supera los 50.000 millones de euros anuales.
Dudas sobre su eficacia
La reforma ha provocado un debate en Alemania. Mientras el Gobierno defiende que el nuevo sistema refuerza la responsabilidad individual y mejora los incentivos laborales, la oposición y varias organizaciones sociales consideran que el endurecimiento de las sanciones puede perjudicar a los colectivos más vulnerables.
Los partidos de izquierda y Los Verdes votaron en contra de la reforma al considerar que introduce un modelo basado en la presión sobre los desempleados. «Se basa en el miedo en lugar de la confianza», criticó el líder parlamentario de La Izquierda, Sören Pellmann.
También existen dudas sobre si las sanciones más severas aumentan realmente la inserción laboral. Algunos estudios citados por los servicios de investigación del Parlamento alemán indican que la amenaza de sanciones puede incentivar la búsqueda de empleo, pero también advierten de efectos secundarios como el aumento de la precariedad o la retirada de los beneficiarios del sistema de asistencia.
«Absoluto sentido común»
En España, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP y una de las voces más importantes del equipo de Alberto Núñez Feijóo, Alma Ezcurra, ha reconocido que la medida es de «absoluto sentido común». En su opinión, retirar el subsidio a quienes rechacen reiteradamente ofertas de empleo responde al principio de que las ayudas públicas deben ir acompañadas de obligaciones para reincorporarse al mercado laboral.
En realidad, la idea de sancionar a quien rechaza una oferta de empleo adecuada no es ajena al ordenamiento español. La reforma del subsidio aprobada en 2024 tipifica como infracción grave tanto el rechazo injustificado de una colocación adecuada como la negativa a participar en itinerarios de inserción, con una escala que va de la pérdida de tres meses de prestación a su extinción en caso de reincidencia.