La guerra en Irán y la tentación de Sánchez: aprovechar para intervenir más en la economía

Las crisis internacionales suelen tener un efecto previsible en la política económica doméstica: ofrecen a los gobiernos una oportunidad para justificar decisiones que, en otras circunstancias, resultarían más difíciles de defender. La guerra entre Irán y Estados Unidos —o cualquier episodio de tensión geopolítica en Oriente Próximo— tiene un impacto inmediato en los mercados energéticos y, por tanto, en la inflación, pero también puede convertirse en un argumento político conveniente.

En España, todo indica que el Gobierno de Pedro Sánchez está preparando el terreno para utilizar ese contexto como coartada para reactivar una política de gasto público extraordinario, similar a la desplegada durante la pandemia o durante la crisis energética derivada de la invasión rusa de Ucrania.

El esquema es conocido: se anticipa una posible subida de precios —especialmente del petróleo y del gas—, se advierte del impacto que podría tener sobre los hogares y las empresas, y se anuncia la necesidad de movilizar recursos públicos para «proteger a la economía». En apariencia, el objetivo es compensar los efectos de un shock externo. En la práctica, el resultado suele ser una expansión adicional del gasto público.

El problema, además de que aumentar el gasto es el problema y no la solución, es que España no tiene margen fiscal para repetir esa estrategia. Las cuentas públicas españolas parten de una situación estructuralmente frágil. El déficit público sigue siendo elevado y la deuda pública supera ampliamente el 100 % del PIB. Incluso después de varios años de crecimiento económico relativamente robusto, el ajuste fiscal ha sido muy limitado y solo en términos de PIB, porque en valores absolutos ha seguido aumentando. Así, España mantiene uno de los mayores déficits estructurales de la eurozona. Esto significa que cualquier expansión adicional del gasto público se financiará inevitablemente con más deuda. Y eso tiene consecuencias.

La política económica responsable exige distinguir entre medidas temporales y cambios estructurales. Las primeras pueden justificarse en situaciones extraordinarias y con carácter estrictamente limitado en el tiempo. Las segundas, en cambio, generan compromisos permanentes de gasto que acaban consolidándose en el presupuesto.

La experiencia reciente muestra que muchas de las medidas aprobadas bajo la etiqueta de «temporales» terminan convirtiéndose en permanentes. Subsidios, ayudas directas o programas de transferencias se incorporan al sistema económico y resultan políticamente difíciles de retirar. El riesgo es evidente: la economía española puede quedar atrapada en una dinámica creciente de subsidios y transferencias públicas.

Ese modelo tiene una lógica política clara. El gasto público genera beneficiarios directos. Y en un contexto electoral fragmentado, ampliar el número de ciudadanos que dependen —en mayor o menor medida— de ayudas públicas puede convertirse en una estrategia de consolidación política.

La cuestión no es nueva en la historia económica. Los gobiernos siempre han tenido incentivos para utilizar el presupuesto público con fines políticos. Pero cuando ese comportamiento se produce en un país con un elevado nivel de deuda pública, los riesgos se multiplican.

España ya destina una parte muy significativa de sus recursos fiscales al pago de intereses y al mantenimiento de un amplio sistema de transferencias. Si el gasto continúa creciendo sin un aumento equivalente de los ingresos estructurales, el resultado será un deterioro progresivo de las cuentas públicas.

En ese contexto, utilizar una crisis internacional como argumento para justificar nuevas expansiones del gasto puede resultar tentador desde el punto de vista político, pero no prudente desde el punto de vista económico.

Además, el efecto de muchas de esas medidas sobre la inflación y los precios energéticos suele ser limitado. Las ayudas directas o los subsidios pueden aliviar temporalmente el impacto sobre algunos hogares, pero no alteran las causas profundas de la subida de precios en los mercados internacionales. De hecho, cuando se financian mediante deuda, esas políticas trasladan el coste hacia el futuro.

El verdadero desafío de la economía española no es únicamente gestionar las crisis coyunturales, sino reconstruir una senda fiscal sostenible

El verdadero desafío de la economía española no es únicamente gestionar las crisis coyunturales, sino reconstruir una senda fiscal sostenible. Eso exige disciplina presupuestaria, reformas estructurales y una política económica que priorice el crecimiento y la productividad por encima de la expansión continua del gasto.

La tentación de utilizar cada crisis como argumento para ampliar el papel del Estado puede generar beneficios políticos a corto plazo, pero también puede debilitar la estabilidad económica a medio plazo.

Los mercados financieros, las instituciones europeas y los propios contribuyentes terminan reaccionando cuando la deuda pública alcanza niveles excesivos. Y cuando ese momento llega, los ajustes suelen ser más abruptos y más costosos. Por eso, la prudencia fiscal debería ser una prioridad.

La guerra en Oriente Próximo puede tener consecuencias económicas reales, especialmente a través del canal energético, pero convertir ese contexto en una justificación automática para aumentar el gasto público no parece la estrategia más sensata para un país que ya arrastra una elevada deuda pública, que ahonda en la economía subsidiada que preconiza Sánchez frente a la economía productiva que debería impulsar.