Aragón: el voto como enmienda a la política económica de Sánchez

Las urnas en Aragón han vuelto a recordar una evidencia: la economía manda. Y cuando la política económica castiga a familias y empresas —más presión fiscal efectiva, más trabas regulatorias, más intervencionismo y más dependencia del gasto—, el electorado termina pasando factura. El 8 de febrero de 2026, Aragón ha enviado un mensaje nítido: la izquierda se debilita, el PSOE cae a un resultado históricamente bajo y el voto se desplaza hacia opciones de centro-derecha.

Los datos son tozudos. El PP gana, pero no logra la mayoría suficiente para gobernar sin apoyos; Vox, por su parte, crece con fuerza y se convierte en socio decisivo; y el PSOE confirma un retroceso que ya no puede maquillarse con relatos. En paralelo, el espacio a la izquierda del PSOE queda más fragmentado y, en parte, fuera de juego (con desaparición de algunas marcas y reconfiguración de otras), lo que refuerza la idea de desmovilización y pérdida de tracción del bloque izquierdista.

Quien quiera leer estas elecciones como un simple cambio de ciclo político se queda en la superficie. El problema es más profundo: la política económica del sanchismo y su ecosistema de izquierdas —con su inclinación natural a subir impuestos, multiplicar el gasto estructural y expandir el perímetro del Estado en nombre de la «protección»— erosiona la economía productiva.

Y Aragón, como tantas otras regiones, vive de algo muy concreto: empresa real, empleo real, inversión real. No de titulares. Cuando se penaliza al que produce y se premia, por diseño, al que depende, el resultado es una economía más frágil, menos competitiva y más vulnerable ante cualquier shock. El electorado lo percibe y vota en consecuencia.

Ahora bien, sería un error que el centro-derecha interpretara la victoria como un cheque en blanco. El votante ha dado un mandato doble:

1. Castigo a la izquierda por su deriva económica e institucional.

2. Exigencia al bloque de centro-derecha, de arrollador resultado: «Entendeos».

La aritmética parlamentaria aragonesa, que vuelve a situar al PP necesitando a un Vox más fuerte, es una metáfora a escala regional de lo que muchos españoles piden a escala nacional: cooperación para ofrecer un gobierno alternativo, estable y con dirección.

Porque lo contrario —bloqueo, tacticismo, vetos cruzados, maximalismos— sólo beneficia a quien hoy ocupa La Moncloa. Y el votante lo sabe.

La clave: una agenda liberal-conservadora sin complejos

Si el centro-derecha quiere convertir el hartazgo social en una mayoría de gobierno en unas generales, no basta con sumar escaños: hay que sumar coherencia. Y la coherencia pasa por una agenda liberal-conservadora recognoscible, basada en cuatro pilares:

1) Libertad económica real. Simplificación administrativa, seguridad jurídica y reducción de incertidumbre regulatoria. Menos «planificación» desde el BOE y más espacio para que familias y empresas decidan.

2) Impuestos más bajos, mejor diseñados. Bajar presión fiscal no es un eslogan: es devolver oxígeno a la inversión, al consumo y al ahorro. Y, sobre todo, recuperar competitividad frente a nuestros socios.

3) Gasto público limitado y eficiente. No se trata de «recortar por recortar», sino de reordenar prioridades: menos gasto político, menos duplicidades, menos redes clientelares y más evaluación de políticas públicas e inversión. El gasto improductivo es la antesala del estancamiento.

4) Persecución del fraude y cultura de cumplimiento. El Estado fuerte no es el que exprime al contribuyente cumplidor; es el que persigue al defraudador, reduce economía sumergida y fortalece instituciones. Eso permite bajar tipos y ampliar bases sin asfixiar.

Este enfoque no es una rareza ideológica: es, precisamente, lo que demandan la mayoría de quienes votan PP y Vox —dos partidos con un tronco común en amplios segmentos del electorado— aunque difieran en prioridades o en estilo. Y esa mayoría es la que hoy pide entendimiento.

España no puede aspirar a una prosperidad duradera con una «economía subsidiada» como columna vertebral. El subsidio puede ser red de seguridad en circunstancias concretas, pero no puede ser modelo. El modelo debe ser productividad, y la productividad exige incentivos correctos:

• que trabajar y emprender compense

• que invertir sea predecible

• que innovar no sea una carrera de obstáculos

• y que el mérito no sea penalizado fiscalmente

Cuando el marco institucional castiga la creación de valor, el capital se va —y el talento también—. Y entonces la política se queda sin base real que repartir, que es el final lógico de cualquier experimento socialdemócrata prolongado: más impuestos, menos base, más deuda, más dependencia del BCE o del ciclo.

El centro-derecha no ganará si ofrece continuidad con matices. España no necesita «socialdemocracia gestionada con más eficiencia». Necesita reformas profundas: mercado laboral más flexible, administración más ligera, reducción de trabas a la vivienda desde el lado de la oferta, y un giro pro-empresa sin complejos.

Y necesita, sobre todo, que PP y Vox comprendan que su electorado no les pide perfección, sino dirección. Que la energía política se invierta en sacar adelante una agenda de prosperidad, no en disputas internas o en mensajes para la grada.

Aragón ha hablado. Y lo que dice no es ambiguo: la izquierda se hunde porque su política económica empobrece, y el centro-derecha tiene la responsabilidad de entenderse para traducir el mandato de las urnas en un cambio real. La prosperidad no llegará con proclamas proteccionistas ni con continuidad socialdemócrata; llegará cuando España recupere una política liberal-conservadora de libertad económica, impuestos bajos, gasto contenido, instituciones sólidas y economía productiva. Y ese camino empezará —inevitablemente— el día que Sánchez deje el Gobierno. Si los dos partidos del centro-derecha no escuchan a sus votantes, Sánchez habrá ganado y eso será el fin de España tal y como la entendemos y de nuestra prosperidad.