Europa entierra la era de las libertades y abraza la de las obligaciones
La creciente presión regulatoria de Bruselas impulsa un modelo más intervencionista que lastra la competitividad empresarial
Europa se enfrenta hoy a un dilema fundamental: ¿queremos ser una Europa de las libertades o una Europa de las obligaciones? La transformación es clara: hemos pasado de la exigencia de responsabilidad en un marco de libertad a la exigencia de responsabilidad en un marco de obligaciones.
Desde su origen, las cuatro libertades fundamentales –libre circulación de personas, de capitales, de mercancías y libertad de establecimiento y de prestación de servicios– constituyen el núcleo del proyecto europeo. Sin embargo, el panorama actual constriñe la actuación de las corporaciones con un tsunami normativo en el que destacan dos catálogos de normas, en cuyas cúspides se encuentran la CSDDD (Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad) y la CSRD (Directiva sobre presentación de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas).
El Derecho funciona, a menudo, con binomios: derecho-obligación, obligación-responsabilidad, responsabilidad-sanción. Estos binomios suelen engarzarse y formar cadenas: derecho-obligación-responsabilidad-sanción. Hoy, las cadenas generadas por la normativa europea han hecho asfixiante la actividad empresarial. Tal es la presión regulatoria que se han tenido que aprobar por la propia Unión Europea varios paquetes normativos, entre los que destacan los paquetes Ómnibus I y II, para simplificar (e incluso desregular) la regulación previa. La CSDDD, una de las normas objeto de esta simplificación, es, posiblemente, la norma que más enmiendas provenientes del sector empresarial ha recibido en la historia de la Unión Europea.
En lugar de la hiperregulación y las sanciones, es el libre mercado lo que más y mejor incentiva a los empresarios
Esta presión regulatoria sobre las corporaciones se incrementó a partir de 2014. Además, llegó tarde y con un enfoque más controlador que preventivo. Y lo más preocupante: ese esfuerzo del legislador era innecesario. Antes de la llegada de esa cascada de normas, entre 2000 y 2014 se experimentó que aquellas corporaciones que se esforzaban voluntariamente por ser sostenibles ya estaban siendo premiadas por el mercado con un mayor número de consumidores, usuarios e inversores. En lugar de la hiperregulación y las sanciones, es el libre mercado lo que más y mejor incentiva a los empresarios.
Aunque este movimiento desregulador sea de agradecer, es necesario elevar la mirada para ampliar el foco. Mientras la actividad empresarial siga siendo objeto de un control excesivo (hasta el punto de regular desde la fijación de los tapones de plástico a sus envases hasta las multas a las compañías que no contribuyan a bajar 1,5 grados la temperatura global de aquí a 2030), Europa no estará en condiciones de competir globalmente.
Elevando la mirada, se advierte que la presión regulatoria ha transformado el paradigma originario de la Unión Europea en materia de mercado. La Unión Europea se ha convertido en la Europa de las obligaciones frente a su concepción originaria como la Europa de las libertades. La labor del legislador comunitario debe estar orientada por la preservación de un amplio margen de libertad en la actuación empresarial (por poner un ejemplo la business judgment rule permite sancionar, pero defendiendo la libertad).
Se dice que la UE se ha convertido en el 28º Estado miembro con vocación de hegemonía sobre los otros veintisiete
Las críticas al tsunami regulatorio de la Unión Europea se explican por un doble motivo: por un lado, porque su carácter asfixiante y relativamente innecesario resta competitividad a nuestras empresas; por otro, porque es una normativa cada vez más ideologizada, con un elevado sesgo partidista. No era habitual en el pasado que un cambio de orientación política en el Parlamento Europeo o en la Comisión provocase un cambio tan fuerte en la orientación de la regulación. Se dice que la Unión Europea se ha convertido en un 28º Estado miembro con vocación de hegemonía sobre los otros veintisiete.
Si se busca fortalecer la economía europea, más allá de los paquetes Ómnibus y del diagnóstico ofrecido por los informes Letta y Draghi, lo deseable es que la normativa comunitaria pueda ser impulsada por los Estados miembros de cualquier signo político, libremente convencidos de un proyecto económico permanente y buscando objetivos a largo plazo.
Elevar el ángulo de visión, defender la libertad y dejar que la exigencia de responsabilidad provenga del mercado, no de un control público exhaustivo, es la verdadera vía para que Europa compita y prospere.
- Alfonso Martínez-Echevarría es catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad CEU San Pablo y experto en Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social Corporativa.