La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero durante un acto organizado por su partido, en defensa de los servicios públicos
Más de 280 entidades públicas no tienen control previo del gasto por parte de la Intervención del Estado
El órgano de control del sector público evalúa las entidades con «mayor riesgo» de irregularidades en sus cuentas
Un total de 282 entidades del Estado carecen de control previo del gasto por parte de la Intervención, el órgano de control interno de la gestión pública y financiera del sector público estatal. La Intervención General del Estado ha hecho esta enumeración en su plan anual de control, al que ha tenido acceso este periódico.
En el informe, el órgano de control señala que llevará a cabo una serie de auditorías no obligatorias a aquellas entidades que la Intervención considera que tienen «riesgos relevantes». Cuando habla de riesgo, la Intervención alude a a entidades que pudieran no gestionar de forma correcta su actividad económico-financiera, es decir, que sus cuentas no reflejen la realidad, no cumplan con la normativa o cometan errores en la gestión.
¿Cuáles son estas entidades bajo la lupa de la Intervención? Las entidades no sujetas a control financiero permanente, es decir, aquellas en las que la Intervención no puede controlar la legalidad de los gastos que realizan antes de que estos se produzcan. En total, hay 282 entidades del sector público institucional estatal con diversas formas jurídicas en esta situación.
En la evaluación de las 282 entidades se han definido, en primer lugar, distintos tipos de riesgos para cada tipo de entidad agrupados en tres categorías: estratégicos, operativos y financieros.
Después, teniendo en cuenta las características de cada entidad y la información disponible en la Intervención, se ha puntuado cada riesgo. Esto ha permitido obtener una valoración global y clasificar a las entidades en cinco niveles de riesgo: muy alto, alto, moderado, bajo y muy bajo.
A esta calificación, en segundo lugar, la Intervención ha añadido una valoración cualitativa hecha por el auditor. Esto se ha aplicado a aquellas entidades cuyas cuentas revisa la Intervención o que han sido controladas por esta. El objetivo es tener una visión más precisa de los riesgos desde el punto de vista del órgano de control.
Cuatro entidades sin ningún control del Estado
A estos dos factores (probabilidad de riesgos), se suma un tercero: el impacto. Dicho impacto se calcula teniendo en cuenta el tamaño de la entidad, por lo que se ha optado por las entidades más grandes.
Con todo esto, el número de entidades auditadas se considera adecuado pero la mayoría de las auditorías no han sido completas, sino que se han centrado en aquellas áreas en las que hay mayor riesgo. Los datos obtenidos por la Intervención son los siguientes:
De las 14 entidades con riesgo muy alto, en los últimos cuatro años se han auditado 11.
De las 32 entidades con riesgo alto, en los últimos cuatro años se han auditado 24.
De las otras 236 entidades, en los últimos cuatro años se han auditado 108.
El 'peligro' de los préstamos para dar subvenciones
Por otro lado, la Intervención ha advertido de los problemas que puede acarrear usar préstamos para otorgar subvenciones. «En los últimos años se viene observando una tendencia en los órganos concedentes a formalizar las ayudas, no solo a través de subvenciones, sino a través de préstamos o mediante una combinación de ambos», señala el plan anual de 2026.
La Intervención asegura que si bien existe la percepción de el préstamo «proporciona una mayor seguridad para los fondos públicos», porque se prevé la recuperación a través de su amortización futura y por las garantías que puedan haberse exigido a los beneficiarios, es necesario «señalar que tales garantías, cuando se exigen, tampoco cubren todos los riesgos en que pueda incurrir el beneficiario, sino que sólo respaldan una parte del volumen de fondos que supone el préstamo concedido».
Por otra parte, el hecho de que las cifras concedidas en forma de préstamo sean muy superiores a las abonadas en forma de subvención, «expone a riesgo un mayor importe de fondos públicos en caso de incumplimiento de la finalidad de la ayuda por parte de los beneficiarios».
Por eso aconseja incluir en los últimos planes de control un muy significativo volumen de actuaciones de control dirigidas hacia ayudas que se formalizan a través de préstamos.
