De la rebaja del IVA de la luz y el gas a la congelación de los alquileres: todo lo que ha aprobado el Gobierno

Está previsto que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publique este sábado los dos reales decretos-ley que el Gobierno aprobó en el «bronco» Consejo de Ministros extraordinario celebrado este viernes. En total, son 80 medidas que movilizarán 5.000 millones de euros con el objetivo de paliar el impacto económico de la guerra en Irán.

En uno se incluyen rebajas fiscales, que rompen por completo con el discurso de la izquierda, y que son muy similares a las propuestas por el Partido Popular hace poco más de una semana, pero que el Gobierno las desdeñó e incluso las «ridiculizó». El segundo recoge medidas concretas en materia de vivienda, que son exigencias de Sumar.

Gasolina

Se ha reducido el IVA de los carburantes, que pasará del 21 % al 10 %. Esto supondrá una reducción de hasta 30 céntimos por litro de carburante. Además, se rebaja el impuesto de los hidrocarburos hasta el mínimo permitido en la Unión Europea (UE).

Además, los profesionales del transporte por carretera, agricultores, ganaderos y pescaderos, que son los sectores más afectados por la subida del petróleo, tendrán un descuento adicional de 20 céntimos por cada litro de combustible que reposten. Esta ayuda será abonada por la Agencia Tributaria y las administraciones forales correspondientes en País Vasco y Navarra.

Luz y gas

Al igual que los combustibles, también se ha aprobado reducir el IVA de la electricidad, el gas, 'pellets' y leña, del 21 % al 10 %. Así como una reducción al 0,5 % del impuesto especial sobre la electricidad y la suspensión temporal del valor sobre la producción de energía eléctrica.

Se prorrogan durante todo 2026 de los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico, se refuerza el bono térmico y se prohíbe interrumpir suministros esenciales en los hogares más vulnerables.

Alquileres

El Gobierno ha pactado in extremis congelar durante dos años los contratos de alquileres que finalizaban en 2026 y 2027. Desde Sumar llevan insistiendo con esta medida desde el año pasado, y cifran que afectará a más de un millón de contratos, y a 2,7 millones de personas.

Ahora bien, Sánchez reconoció que «no contamos con el apoyo de todos los grupos para este decreto ley». Pero. confían en «poder ir negociando con lo grupos y sacarlo adelante». Es por eso, que todavía no se conoce cuando se votará en el Congreso de los Diputados.

Vehículos eléctricos

Se impulsan deducciones de hasta el 15 % en el IRPF para quienes adquieran un medio de transporte eléctrico «enchufable» y de pila de combustible. El real decreto establece las categorías de vehículos contempladas para acceder a la deducción, marca el 31 de diciembre de 2026 como fecha máxima para su matriculación y pone como condición que no estén vinculados a una actividad económica.

Prohibición a las empresa de despedir por efectos económicos derivados del conflicto en Oriente Medio y para compañías que reciban ayudas públicas relacionadas con la guerra

Otra medida clave es que se establecerá durante 2026 la libertad de amortización en el Impuesto de Sociedades para inversiones en eficiencia energética. Un beneficio fiscal destinado a la instalación de puntos de recarga de automóviles eléctricos y a la puesta en marcha de otras instalaciones destinadas al autoconsumo de electricidad o al uso térmico de consumo propio de fuente renovable.

Eficiencia energética

En el ámbito de la eficiencia energética, se recuperan las deducciones en el IRPF del 20 %, 40 % o 60 % para los contribuyentes que realicen reformas para rehabilitar viviendas o edificios para reducir la demanda de calefacción o refrigeración. Una medida que es clave dentro de las políticas de transición ecológica que están recogidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

En otros impuestos, como el IBI, se habilita a través de una modificación legal en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales a que las ordenanzas fiscales de las Entidades Locales recojan una bonificación de hasta el 50 % para quienes hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol o de la energía ambiente.

Vinculado a lo anterior, y en una nueva modificación legal, se promueve además una bonificación de hasta el 95 % a favor de las obras, instalaciones y demás trabajos que supongan la incorporación de sistemas para un mayor beneficio térmico o eléctrico de la energía solar o de la energía ambiente.

Prohibición de despidos

El plan de respuesta del Gobierno al impacto de la guerra en Irán incluye la prohibición a las empresas de despedir por efectos económicos derivados del conflicto en Oriente Medio y también para aquellas compañías que reciban ayudas públicas relacionadas con la guerra.

Se dota de mayores capacidades de supervisión y sanción a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que ninguna empresa que reciba las ayudas contempladas en el plan de respuesta a la guerra en Irán «saque tajada» de la misma.

Márgenes empresariales

Otra medida exigida por los socios de coalición del PSOE y que ha sido incluida en el primer real decreto es topar los márgenes empresariales. Consiste en dotar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de «nuevas capacidades de supervisión y sanción, para evitar eventuales abusos». Pero es que la CNMC ya tuvo esas capacidades en el pasado y los precios siguieron subiendo.

Fin a la saturación de las redes

Por otra parte, fuentes gubernamentales explicaron que también se aborda todo un paquete de medidas para dar respuesta al problema de la saturación de la red eléctrica, especialmente dirigido a acabar con la «acaparación especulativa», y facilitar que la industria con proyectos reales pueda conectarse.

Mientras se tenga la capacidad reservada de la red, se deberá abonar la parte correspondiente por hacer uso o por tenerla

De esta manera, se incrementará la transparencia en este ámbito y semestralmente se publicará un informe con el estado de cuántos permisos de conexión hay concedidos por tipología para entender qué tipo de demandas están capturando esas conexiones a la red eléctrica y la administración –tanto el Ministerio para la Transición Ecológica como las comunidades autónomas– pueda conocer con exactitud qué empresas, en qué sitio y en qué punto han pedido su conexión.

Además, para acabar con esos proyectos con vocación «especulativa», se reforzarán los supuestos de caducidad de los permisos, que actualmente es de cinco años, con la introducción de nuevos hitos intermedios. De esta manera, las mismas fuentes precisaron que cada consumo va a tener que decir para qué actividad económica en concreto se dirige y cualquier cambio sobre eso supondrá la pérdida de la conexión.

Finalmente, se incorpora una prestación por reserva de capacidad de conexión, que supondrá que, mientras se tenga la capacidad reservada, se deberá abonar la parte correspondiente por hacer uso o por tenerla.

También se crea un comité de proyectos estratégicos que permitirá al Gobierno declarar determinados proyectos de inversión como proyectos estratégicos que puedan tener prioridad a la hora de acceder a las redes.