Sánchez asume las recetas de la derecha en un decreto anticrisis de difícil digestión para la izquierda

Al sainete de este viernes en la Moncloa lo llamó Pedro Sánchez «salseo». A llegar a la hora prevista del Consejo de Ministros, las 9.30, y que una vicepresidenta y cuatro ministros se nieguen a entrar en la sala hasta que el plan anticrisis incluya las medidas que han propuesto en materia de vivienda. A que exijan negociar directamente con el presidente, no con María Jesús Montero ni con Carlos Cuerpo. Y a que, después de dos horas de tira y afloja, Sánchez les regale una victoria pequeña y efímera, sacándose de la chistera un segundo real decreto ley con una prórroga de los alquileres con altísimas probabilidades de ser derogado en cuanto pise el Congreso. En un mes como máximo. «Entiendo que el salseo es interesante para los medios», señaló Sánchez, que evitó hasta tres preguntas al respecto. Todo lo más que dijo al respecto fue: «La política del siglo XXI es el diálogo, el acuerdo, la negociación. Yo no lo veo un problema, todo lo contrario». Eso y: «Desconocía que existiera una previsión de horas de la duración del Consejo de Ministros».

El presidente compareció ante la prensa para detallar el contenido de su plan anticrisis, que básicamente consiste en una bajada de impuestos de 5.000 calculada en millones de euros que rompe por completo el discurso de la izquierda. Pero es que a estas alturas de la legislatura es más que evidente que no existe una mayoría progresista en el Congreso. Ni siquiera existe una mayoría de Gobierno. Sánchez necesitaba que este real decreto ley contara con la bendición de Junts para que no corriera la misma suerte que sus dos últimos escudos sociales y también acabara derogado. La única forma era dar un volantazo a la derecha, y lo ha dado. Junts se apresuró a felicitarse por que sus rebajas de impuestos se hayan «impuesto». El secretario general del PP, Miguel Tellado, ironizó con que es un decreto «de derechas».

El plan contempla una «reducción drástica de la fiscalidad energética», así la denominó el presidente: baja del 21 al 10 % el IVA de la electricidad, del gas natural, de los pellets, de la leña, del gasóleo, de la gasolina y de otros hidrocarburos. Se reduce al 0,5% del impuesto especial sobre la electricidad y se suspende temporalmente el impuesto del valor sobre la producción de energía eléctrica. También se rebaja el impuesto de hidrocarburos hasta el mínimo permitido.

La bonificación de 20 céntimos por litro de combustible, que en 2022 fue universal, se limita esta vez a los transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores. También una ayuda equivalente para la compra de fertilizantes. Se prorrogan durante todo 2026 de los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico, se refuerza el bono térmico y se prohíbe interrumpir suministros esenciales en los hogares más vulnerables. El Gobierno también bonificará en un 80% de los peajes eléctricos para la industria electrointensiva, que se ahorrará unos 200 millones de euros, según sus cálculos.

La medida para topar los márgenes a las empresas, que supuestamente Sumar arrancó a última hora al presidente -según la narración heroica del socio minoritario- se adivina insignificante. Consiste en dotar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de «nuevas capacidades de supervisión y sanción, para evitar eventuales abusos». Pero es que la CNMC ya tuvo esas capacidades en el pasado y los precios siguieron subiendo.

«España se convertirá en el país con el mayor escudo social y económico de toda la UE de una guerra que no avalamos. Las medidas estarán vigentes el tiempo que sea necesario. No es un plan cerrado sino abierto, coherente con todo lo que veníamos haciendo», proclamó el presidente, que recuperó un viejo eslogan de la pandemia y lo repitió varias veces durante su discurso: «Vamos a salir más fuertes de esta crisis».

Sánchez dio prácticamente por hecho que el real decreto ley con la bajada de impuestos será convalidado el jueves próximo en el Congreso, aunque chirríe a sus socios de izquierdas. «Hay una mayoría para la convalidación del primero», adelantó. La noche antes, el ministro Félix Bolaños contactó con los grupos parlamentarios para asegurarse de que, esta vez sí, hay agua en la piscina (en lo que va de año, el Pleno ha derogado tres reales decretos leyes del Ejecutivo de coalición). Gusta a Junts y no disgusta al PP, que no obstante no adelanta de momento el sentido de su voto.

Sin embargo, él mismo reconoció el negro destino del segundo decreto ley, casi matándolo antes de nacer. «No contamos con el apoyo de todos los grupos para este otro decreto ley. En este segundo somos conscientes de que no existe aún una mayoría parlamentaria en el Congreso para poder convalidarlo. Pero no por ello el Gobierno va a renunciar. Confiamos en próximos días, semanas, poder ir negociando con los grupos y sacarlo adelante». En realidad, a Sánchez no le importa que caiga, porque no estaba en sus planes iniciales. Ha sido únicamente una concesión a Sumar con fecha de caducidad: la del Pleno que seguramente acabará con su derogación (aún sin fecha).