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María Jesús Montero y Carlos Cuerpo, en una reunión con los agentes sociales

María Jesús Montero y Carlos Cuerpo, en una reunión con los agentes socialesEFE

16 días después

El Gobierno aprueba este viernes un plan anticrisis al gusto de Junts para que no se lo tumbe también

El Consejo de Ministros extraordinario viene envuelto en misterio y en polémica. El real decreto ley no incluirá medidas en materia de vivienda, lo que tiene a la izquierda indignada

Ahora sí, 16 días después de que Pedro Sánchez proclamara «no a la guerra» desde la Moncloa, el Gobierno aprobará este viernes un primer paquete de medidas ante la escalada de precios de los carburantes y de la energía. El presidente español fue el primero en predicar contra la operación de Donald Trump y de Benjamin Netanyahu, pero se ha quedado rezagado para dar trigo.

Finalmente, lo hará en un Consejo de Ministros extraordinario después del cual comparecerá el propio Sánchez, y que viene envuelto en misterio y en polémica. Hasta el último momento, Sumar ha presionado al ala socialista del Ejecutivo para incluir en el real decreto ley la moratoria antidesahucios y una prórroga automática de los contratos de alquiler que están venciendo al cabo de cinco años, para que los caseros no suban el precio de manera desproporcionada.

«Hemos aprobado recientemente dos decretos del escudo social con vivienda. Nadie entendería ahora que lo aprobáramos sin vivienda», señaló ayer en TVE el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Lo que no dijo fue que ambas normas fueron derogadas al cabo de unas semanas en el Congreso, precisamente por la negativa del PP y de Junts a seguir dando cobertura legal a la «inquiokupación», en sus palabras.

Sin embargo, todo apunta a que el PSOE doblará el brazo a su socio minoritario y no incluirá la vivienda en este plan de respuesta frente a la nueva crisis. Porque hacerlo sería ahuyentar a los de Carlos Puigdemont y puede que también al PNV, y tanto María Jesús Montero como Carlos Cuerpo han dejado claro que van a incluir solo lo que genere consenso. Aunque Yolanda Díaz se enfade.

El reto del Gobierno, como contó El Debate el miércoles, es resucitar a la mayoría de investidura para este real decreto ley, que está muerta desde que Junts bloqueó la legislatura. De manera que todos los que apoyaron la investidura de Sánchez en julio de 2023 aprueben la convalidación de esta norma el jueves de la próxima semana en el Congreso. No será fácil, puesto que es de prever que lo que presente Sánchez este viernes no satisfaga a sus socios de izquierdas. No a Sumar, pero tampoco a ERC, Bildu, Podemos y el BNG.

Ni Montero ni Cuerpo han dado muchas pistas de lo que contendrá el plan, que se centrará en los sectores más afectados: agricultura, ganadería, transporte y alimentación. Sí se sabe que el Ejecutivo no volverá a recurrir a la bonificación de 20 céntimos por litro de carburante que activó cuando Rusia invadió Ucrania y el precio del combustible se disparó.

Los distintos grupos parlamentarios han hecho llegar sus propuestas al Gobierno. Hay cierto grado de consenso en torno a la necesidad de rebajar los impuestos con incidencia en la factura energética: desde el IVA al impuesto sobre la generación y el especial sobre la electricidad.

Este viernes se conocerán los detalles. El Ejecutivo también se ha comprometido a que irá ampliando y flexibilizando la respuesta conforme se desarrollen los acontecimientos.

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