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La vicepresidenta segunda el Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

La vicepresidenta segunda el Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.EFE

Yolanda Díaz se atrinchera con el registro horario tras el choque con Economía y el varapalo del Consejo de Estado

La ministra mantiene el pulso para sacarlo adelante pese a las advertencias sobre su impacto en pymes y las dudas legales del decreto

Sin apoyos dentro ni fuera del Gobierno, Yolanda Díaz ha decidido aferrarse al registro horario, un texto que ha recibido un buen revolcón del Consejo de Estado. Lejos de dar marcha atrás, la ministra se enfrenta a Economía para sacar adelante una norma cuestionada por su diseño y su impacto en las empresas, y ha anunciado que la reforma se aprobará «aunque sea lo último que haga».

El Consejo de Estado dio un duro varapalo al proyecto de reforma del registro horario impulsado por el Ministerio de Trabajo, al cuestionar tanto su encaje jurídico como su impacto en pymes y su falta de adaptación a la realidad de numerosos sectores.

Las críticas no se limitan a su redacción. Durante el trámite de consulta pública, la norma recibió 199 aportaciones contrarias a su diseño. Sectores como la hostelería, el campo, el transporte o el audiovisual advirtieron de las dificultades para aplicar un sistema uniforme en actividades marcadas por la estacionalidad, con tiempos muertos o por la falta de acceso a Internet, mientras que otros recordaron que el control de jornada ya se adapta mejor a través de la negociación colectiva.

A estas objeciones se suma el impacto económico, especialmente en las pequeñas y medianas empresas. La implantación de sistemas digitales obligatorios implica costes de software, formación y adaptación que pueden suponer una carga importante en sectores con márgenes estrechos o baja digitalización. Dependiendo del proveedor y del nivel de servicio contratado, esta inversión se sitúa en una horquilla de entre 400 y 1.000 euros por empresa, según fuentes del sector, a lo que se suma el tiempo que la compañía debe dedicar a revisar los registros, corregir incidencias y realizar un seguimiento diario de la jornada.

Pero más allá del coste directo, «el principal impacto estará en la gestión diaria del sistema», como explica José Plaza, product compliance de PayFit, especialmente en aquellas compañías que todavía operan con soluciones poco fiables. Según sus datos, más del 60 % de las pymes sigue gestionando el control horario con papel, hojas de cálculo u otras herramientas con escasa trazabilidad, lo que obligará a muchas de ellas a adaptarse a marchas forzadas.

La dificultad será aún mayor en sectores con menor grado de digitalización o con dinámicas laborales menos estructuradas. El ámbito agrario, la construcción o el transporte figuran entre los más afectados, tanto por la falta de infraestructuras como por la dificultad de registrar de forma precisa la jornada real. A ello se suma el riesgo de sanciones en caso de errores en la implantación, especialmente si los registros son incompletos, inconsistentes o no reflejan fielmente la jornada efectivamente realizada.

El propio dictamen recoge estas advertencias y apunta a los riesgos de imponer un modelo único sin tener en cuenta la diversidad del tejido productivo.

Choque con Economía

La medida ha provocado, además, un nuevo enfrentamiento con el Ministerio de Economía. Trabajo considera que el Consejo de Estado se ha extralimitado, pero acusa directamente al departamento que dirige Carlos Cuerpo de boicotear una medida incluida en el acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar de 2023.

Trabajo alude a los informes que el Ministerio de Economía emitió en los que reclamaba un periodo transitorio más amplio, una mayor adaptación a la realidad de cada sector y medidas que reduzcan el impacto operativo en las empresas. Entre sus propuestas figuraba incluso el desarrollo de una herramienta pública que facilite la implantación del registro, en línea con el modelo de la factura electrónica.

Pese a todo, Trabajo mantiene su hoja de ruta. Fuentes del Ministerio han adelantado que introducirán algunos ajustes para reforzar las garantías en materia de protección de datos y dar cabida a la negociación colectiva, pero descartan cambios de fondo en una norma que consideran esencial para garantizar el cumplimiento de la jornada laboral y el pago de las horas extraordinarias.

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