Cinco años de torpes interferencias de Moncloa en Indra dejan señalado a De la Rocha, hombre clave de Sánchez

En Indra no llueve sobre mojado, sino sobre un barro totalmente encharcado. La dimisión forzada de Ángel Escribano y su sustitución por Ángel Simón, cercano al PSC, en la madrugada del Jueves Santo, es solo el nuevo capítulo de cinco años de maniobras orquestadas desde Moncloa para tratar de convertir a la compañía en un gigante tecnológico y, sobre todo, de defensa. Un ámbito que se ha vuelto prioritario para los gobiernos europeos y que movilizará en los próximos años inversiones mil millonarias.

Indra gestiona negocios en los ámbitos de seguridad, consultoría financiera y sistemas militares, y gestiona hasta la gestión y transmisión de los datos en los procesos electorales. Privatizada en 1999, el Estado volvió de rebote al accionariado en 2013 al salir al rescate de Bankia en plena crisis financiera. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI, tenía entonces un 20,1 %, que en 2022, ya con Sánchez a los mandos y su plan para Indra cocinándose en los fogones de Moncloa, escaló hasta el 28 %.

Sánchez tenía un nombre para cumplir su plan en Indra: Marc Murtra. Como Simón, un hombre muy cercano al PSC, perteneciente a lo que se conocía como generación BlackBerry del socialismo catalán. Murtra había hecho carrera hasta entonces en la industria nuclear británica y en consultoría, antes de saltar al Ayuntamiento de Barcelona y al Ministerio de Industria en la etapa de Joan Clos.

Aterrizó en Indra en 2021. Pero el consejo de Indra se negó a nombrarle presidente con funciones ejecutivas, el primer error de cálculo de Moncloa. Lo resolvería, sin contemplaciones, pocos meses después. En junio de 2022, Amber Capital –comandado por el presidente de Prisa, Joseph Oughourlian–, junto con SAPA y la propia SEPI, destituían a cuatro de los ocho consejeros independientes; dos más dimitirían en los siguientes días. La maniobra suscitó reproches del entonces presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, y la apertura de una investigación, que acabó archivada.

Murtra, afianzado en el cargo, acabaría asumiendo funciones ejecutivas en abril de 2024. Las mantuvo Escribano, lo que solo sirvió para tensar la cohabitación con el consejero delegado, José Vicente de los Mozos. No las tendrá, en cambio, su sucesor, Ángel Simón, nombrado presidente no ejecutivo, lo que allana el camino para que De los Mozos continúe en la compañía pese a su anunciada intención de abandonarla en junio.

El holding público, orgánicamente dependiente de Hacienda y por tanto de María Jesús Montero hasta la semana pasada, respondía en este asunto y en otros de calado como la entrada en el capital de Telefónica a De la Rocha. Él es quien queda señalado con el baile de nombres en la compañía y su errática evolución bursátil.

Juez y parte

Expertos mercantiles consultados por El Debate ven evidente el conflicto de intereses, y dan por sentado que, de haber prosperado la operación, los miembros del consejo se hubieran expuesto a consecuencias jurídicas. Y es que, aunque el consejo estudiaba seis alternativas para la operación, en realidad solo había dos fórmulas para materializarla.

Una, un canje de acciones entre compañías que hubiera dado a los Escribano –junto a Oughourlian, hoy enfrentado con el Gobierno, gran defensor de que la compra de EM&E era imprescindible– una mayoría de control que Moncloa no estaba dispuesta a tolerar. La otra, una compra parcial de la empresa que en todo caso hubiera disparado la valoración de la misma, beneficiando a los propios Escribano, segundos accionistas de Indra, con el 14,3 % de las acciones. La decisión del consejo de que los detalles de la operación los cerrara el consejero delegado, De los Mozos, no parece suficiente para evitar que los Escribano parecieran a la vez juez y parte beneficiada.

Pero, por otro lado, también era vox populi que la estrategia del Gobierno de que Indra ganara perímetro acabaría pasando porque se hiciera con Escribano, empresa especializada en fabricar estaciones de armas cuya facturación se ha disparado en los últimos años. En el sector y en España no hay mucho más donde rascar: Santa Bárbara Sistemas está en manos del gigante americano General Dynamics, que se ha negado a vender en numerosas ocasiones; Sapa Placencia, tercer accionista de Indra, especializado en sistemas de movilidad y transmisiones para vehículos militares, tiene un tamaño muy inferior; y Oesía tardó el año pasado pocas horas en acabar, con un sonoro portazo, con cualquier aspiración de Indra a integrarla.

Las compras de Indra en los últimos meses se han limitado a pequeñas adquisiciones, sobre todo en el ámbito de la aeronáutica no pilotada, como la compra del fabricante de drones Wake Engineering. La única relevante ha sido la de Hispasat, en 2025, por 725 millones de euros. El operador satelital estaba en manos de Redeia, el gestor de la red eléctrica española, también controlado por la Sepi.

«Era evidente lo que iba a pasar», corrobora un accionista minoritario, enojado por la pérdida de valor de la empresa en las últimas semanas –ha retrocedido más de un 20 % en un solo mes. «¿Cómo es posible que una empresa de Defensa esté perdiendo valor con medio mundo en guerra y el otro medio rearmándose?», se pregunta.