La Guardia Civil identifica a un cargo de Puente como la persona que dio la orden de retirar pruebas del accidente de Adamuz

Los investigadores de la Guardia Civil que analizan el accidente ferroviario registrado el pasado mes de enero en la localidad cordobesa de Adamuz han concluido en un informe remitido al juzgado que la retirada de material clave de la vía se ejecutó por orden de un alto cargo técnico de ADIF dependiente del Ministerio de Transportes. Documentación a la que ha tenido acceso El Debate acredita que esa decisión afectó directamente a elementos estructurales implicados en el siniestro que fueron desmontados, sustituidos y trasladados fuera del lugar de los hechos antes de quedar plenamente bajo control judicial.

Tal y como ha podido saber este periódico, los agentes de la Policía Judicial sitúan el origen de la orden en el subdirector de Operaciones de Mantenimiento de ADIF, un cargo integrado en la estructura del gestor ferroviario público, dependiente a su vez del Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente. La orden no se cursó por escrito sino que fue transmitida de forma verbal a través de la cadena jerárquica interna. En concreto, desde ese subdirector al jefe de área y, de ahí, al responsable de base encargado de ejecutar los trabajos sobre la vía.

El informe policial reconstruye con precisión la secuencia de actuaciones. Entre los días 22 y 23 de enero de 2026, inmediatamente después del accidente, operarios de mantenimiento comenzaron a retirar material dañado en la zona del desvío donde se produjo el incidente. Esa primera intervención incluyó elementos especialmente sensibles desde el punto de vista pericial, como fragmentos de la aguja ferroviaria y tramos de carril deformados por el impacto.

Semanas después se produce una segunda actuación que centra la atención de los investigadores. El jefe de base de ADIF en Hornachuelos, que declara en calidad de testigo, reconoce ante la Guardia Civil que recibió la instrucción de sustituir varios «cupones» en el entorno del punto kilométrico donde tuvo lugar el siniestro. Según su testimonio, esa orden le fue trasladada por su superior inmediato tras recibir indicaciones del subdirector de Operaciones.

El elemento que dispara la relevancia de esta actuación no es solo la sustitución en sí, sino las circunstancias en las que se ejecuta. El propio responsable que lleva a cabo los trabajos admite ante los agentes que no se le facilitó ninguna justificación técnica concreta para reemplazar determinados tramos y que, en algunos casos, los cupones retirados «no presentaban defectos aparentes». En su declaración, incorporada al atestado, llega a afirmar que entendió que la actuación «no tenía respaldo legal», una expresión que los investigadores destacan por su trascendencia en el contexto de una investigación judicial abierta.

La Guardia Civil documenta además el traslado físico de ese material fuera de la escena del accidente. En la noche del 27 al 28 de marzo, una dresina cargó un total de quince cupones previamente cortados en el PIB Norte de Adamuz y los transportó hasta la base de mantenimiento de Hornachuelos. Allí fueron descargados, agrupados y, posteriormente, precintados bajo supervisión policial. El informe detalla horarios, participantes y el procedimiento seguido durante la operación.

Ese movimiento plantea una cuestión clave desde el punto de vista de la investigación, que es la preservación de la escena del accidente. En siniestros ferroviarios, los elementos de la vía forman parte esencial de la reconstrucción pericial. Su retirada o manipulación antes de que los técnicos judiciales puedan analizarlos introduce un factor de incertidumbre sobre las condiciones exactas en las que se produjo el fallo.

A ello se suma otro aspecto que los agentes consideran relevante. El material retirado fue depositado inicialmente en una nave de ADIF sin un sistema de control de accesos riguroso ni vigilancia permanente. El propio depositario judicial deja constancia por escrito de que el recinto permanecía abierto, con tránsito de personal ajeno a la investigación, lo que obligó posteriormente a su precintado formal. Esa circunstancia afecta a la cadena de custodia, el procedimiento que garantiza que una prueba no ha sido alterada desde su recogida hasta su análisis.

El informe remitido al juzgado no entra en la calificación jurídica de los hechos pero sí fija con claridad la orden emitida en el ámbito de la estructura de ADIF, transmitida de forma verbal, ejecutada sobre componentes directamente vinculados al accidente y desarrollada antes de que el material quedara plenamente bajo control judicial. La juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Montoro ha incorporado esa documentación a la causa como pieza separada, lo que abre la puerta a futuras diligencias para depurar responsabilidades sobre la gestión de la escena del siniestro.