Fundado en 1910

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 21 de abril de 2026Diego Radamés / Europa Press

Claves del Plan de Vivienda: el Gobierno limita la venta de pisos protegidos y aprueba nuevas ayudas

Se incluyen ayudas a la rehabilitación de vivienda, así como a los jóvenes

El Gobierno acaba de aprobar en Consejo de Ministros, con casi cuatro meses de retraso, el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado de hasta 7.000 millones de euros, el triple que el anterior. En él se contempla destinar el 40 % de su presupuesto a aumentar la oferta de vivienda protegida de manera permanente, otro 30 % a rehabilitación del parque de vivienda ya existente a través de ayudas específicas, y el 30 % restante va destinado a ayudas a la emancipación juvenil, la reducción de la tasa de esfuerzo financiero o a la compra de vivienda en pueblos.

El plan gira en torno a cinco ejes principales: el impulso a la construcción y adquisición de vivienda pública; la rehabilitación para mejorar la eficiencia y la accesibilidad; el desarrollo de líneas específicas de apoyo para reducir la edad de emancipación de los jóvenes; la rebaja de la tasa de esfuerzo para garantizar el acceso en condiciones de asequibilidad; y la reversión de situaciones en las zonas de mercado tensionado donde existen mayores dificultades para el acceso a la vivienda.

Más viviendas públicas y blindadas

El 40 % de su presupuesto va destinado a aumentar la oferta de vivienda protegida de manera permanente, pero no solo a través de la construcción, también «a través de la adquisición de vivienda ya existente», ha asegurado la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de ministros.

Además, se introduce el principio de protección indefinida de la viviendas públicas, de manera que los inmuebles que se adquieran y promuevan con fondos del plan tendrán la calificación de protegidas con carácter permanente.

Ayudas a la construcción

Se otorgarán ayudas a la construcción de vivienda pública o en régimen de colaboración público-privada con hasta 85.000 euros por vivienda. Tendrán un precio máximo de alquiler de 900 euros al mes y estarán para siempre protegidas. Si están en municipios de menos de 10.000 habitantes podrán destinarse a la venta manteniendo la protección.

Existe un aval adicional de 8.500 euros por vivienda cuando se empleen técnicas de industrialización, que podrá ascender hasta 93.500 euros por cada vivienda nueva cuando se haya construido de forma industrializada. Además, si se construye en una zona de mercado tensionado se dará una ayuda adicional de 8.500 euros.

Se otorgarán ayudas a las comunidades autónomas para que puedan ejercer su derecho de tanteo y retracto o para que puedan adquirir vivienda de forma directa a través de la financiación del 70 % del coste de la adquisición. Puede ascender al 85 % si está en zona tensionada y se sacará a un alquiler máximo de 800 euros al mes.

Los propietarios podrán ceder viviendas a las administraciones para que las pongan en alquiler asequible a un máximo de 600 euros al mes hasta que se acabe el contrato. Para incentivar a los caseros se ofrece una ayuda de 17.000 euros, o 25.000 euros en el caso de las zonas tensionadas. Además, se destinarán hasta 12.000 euros para financiar reformas a estas viviendas.

Cláusula «antifraude»

En el Plan Estatal de Vivienda se incluye una cláusula «antifraude» para combatir posibles amaños en la adjudicación de vivienda de protección oficial tras el caso de las VPO de Alicante que está investigando la Justicia.

De esta forma, el nuevo texto estipula que todas las viviendas construidas o adquiridas con recursos procedentes de este Plan Estatal de Vivienda se tendrán que adjudicar con criterios objetivos, medibles, transparentes y trazables. Además, el ministerio ejercerá un doble control para garantizar que se han respetado esas condiciones.

Ayudas a la rehabilitación

Se contemplan ayudas para hacer reformas estructurales en edificios para que los pisos sean más accesibles y eficientes energéticamente. En concreto, hay ayudas para actuaciones estructurales de hasta 8.000 euros por viviendas; ayudas de accesibilidad de hasta 13.000 euros por viviendas; o ayudas para la rehabilitación energética e hasta 20.500 euros por vivienda, en función de la reducción de consumo de energía primaria, el tamaño de la vivienda y el coste.

También se incorporan ayudas adicionales de hasta 30.000 euros para la rehabilitación de viviendas ubicadas en cascos históricos o con protección patrimonial.

Igualmente, hay ayudas a la rehabilitación de viviendas que lleven vacías más de dos años con hasta 30.000 euros si se ponen en alquiler residencial, un mínimo de cinco años, a un precio asequible. En el medio rural la ayuda será de 35.000 euros.

Ayudas a la emancipación de los jóvenes

El Plan recoge ayudas al alquiler para la emancipación de los jóvenes. La cuantía máxima es de 300 euros en el caso del alquiler de una vivienda habitual –un incremento de 50 euros mensuales que había anteriormente– y de 200 euros para el de una habitación, ambas con el límite de hasta el 60 % de la renta o precio mensual a pagar.

Compra de casa en pequeños municipios

El Gobierno tiene como objetivo que pequeños municipios recuperen población. Para ello han creado dos líneas de avales. Por un lado, están ayudas de hasta 85.000 euros para construir vivienda pública en municipios de menos de 20.000 habitantes, que podrán destinarse a la venta manteniendo la protección.

Por otro lado, una ayuda de hasta 15.000 euros para que los jóvenes de 35 años o menos que se quieren emancipar compren una vivienda en algún municipio 20.000 habitantes o menos.

¿Cuándo entra en vigor?

El Estado asumirá el 60 % de la inversión prevista, mientras que las comunidades autónomas aportarán el 40 % restante, lo que supone que las regiones tengan que hacer un esfuerzo algo mayor que en los anteriores planes, en los que aportaban el 25 % del presupuesto y el resto lo ponía el Estado.

El plan ha sido aprobado a través de un Real Decreto, una fórmula que permite al Gobierno eludir su paso por el Congreso, y entrará en vigor una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), aunque con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año.