«La regularización de inmigrantes va a hacer que bajen los sueldos de los españoles»

El pasado 14 de abril, el Gobierno que lidera Pedro Sánchez aprobó el real decreto que pone en marcha la regularización extraordinaria para inmigrantes que ya residen en España, en la que se prevé, según los datos de la Moncloa, que se regularicen medio millón de extranjeros.

Eduardo Arriero, autor del libro ¿Inmigrantes? Sí, pero cualificados (Deusto, 2026), es analista económico y asesor en materia de política económica en el Congreso de los Diputados, y visita la redacción de El Debate para tratar sobre la cuestión de la inmigración en nuestro país.

–En primer lugar, quería saber por qué sostiene en el libro que los inmigrantes no ayudan a sostener el Estado de bienestar.

–Nos han vendido la inmigración como la gran panacea económica, como la solución al problema de las pensiones, pero no es ni lo uno ni lo otro. Cuando un inmigrante llega a España y trabaja, contribuye al sistema mediante cotizaciones sociales, impuestos directos e indirectos, y además usa relativamente poco el sistema sanitario porque suele ser joven.

Sin embargo, cuando cumple 65 años no desaparece, sino que se jubila y pasa a percibir una pensión. A partir de ese momento, se convierte en receptor neto del Estado, ya que recibe más en prestaciones de lo que aporta.

La clave está en analizar todo su ciclo de vida, desde que llega hasta que fallece. Hay que calcular cuánto contribuye cada año (impuestos, cotizaciones) y cuánto recibe (educación, sanidad, pensiones y otros servicios públicos). Cuando se hace ese cálculo, resulta que la mayor parte de la inmigración que recibe España genera un déficit considerable.

Por ejemplo, un inmigrante que llega con 18 años, trabaja de forma ininterrumpida hasta los 66 cobrando un salario medio y fallece en torno a los 80, generaría un déficit superior a 150.000 euros a lo largo de su vida. Y eso con supuestos bastante optimistas.

–Dice que este déficit ocurre porque los salarios de los inmigrantes no cualificados son bajos. Pero también hay españoles con salarios bajos. ¿Ellos tampoco sostienen el Estado de bienestar?

–Correcto, pero asumir eso como argumento diluye el problema. No es lo mismo. La solidaridad entre nacionales funciona como la solidaridad entre familiares: puedes ayudar a tu hermano porque compartes vínculos, historia e identidad común.

Pero no puedes exigir esa misma solidaridad con cualquiera que pase por la calle. La solidaridad bien entendida empieza por los tuyos. No puedes dar de comer al vecino si tus propios hijos pasan hambre; eso sería negligencia, no solidaridad.

–¿Cómo se compagina la política migratoria que propone con el humanismo católico, que llama a ayudar al necesitado?

–Hay que distinguir entre refugiados y la inmigración económica. La mayoría de la inmigración que recibe España no huye de guerras o persecuciones, sino que llega buscando una vida mejor. Además, el Papa Pío XII, en Exsul Familia, señala que toda persona tiene derecho a un espacio vital en su lugar de origen. Solo cuando no puede tenerlo aparece el derecho a emigrar, que es subsidiario. Y además, ese derecho se refiere a países con capacidad para acoger.

–Hablemos de la regularización extraordinaria del Gobierno. ¿Cuáles cree que van a ser las consecuencias?

–Varias. Primero, genera incentivos perversos, ya que transmite el mensaje de que entrar ilegalmente tiene recompensa, lo que aumentará los flujos migratorios a medio y largo plazo. Segundo, provocaría una entrada masiva de mano de obra no cualificada en el mercado laboral, lo que provoca que los sueldos de los españoles bajen. Y tercero, agravaría el déficit público y el problema de las pensiones, ya que, según este análisis, la inmigración no cualificada recibe más de lo que aporta.

–Muchas veces los inmigrantes hacen los trabajos que los españoles no quieren. Si se restringe la inmigración, ¿qué pasa con esos empleos?

–La razón por la que los españoles no quieren esos trabajos es sencilla: son empleos mal pagados, inestables y, en ocasiones, en condiciones precarias. La inmigración masiva ha permitido mantener esos sectores en condiciones deficientes. Hace años, los españoles sí hacían esos trabajos; lo que ha cambiado no es la voluntad, sino la remuneración.

–Más allá del impacto económico, en el libro habla de otros costes.

–Sí. El económico es solo uno más. También está el coste social. Por ejemplo, en el año 2000 los inmigrantes eran el 2 % de la población; hoy son en torno al 15 %. Esto no es integración, sino sustitución, según esta perspectiva. Por otro lado, se ha pasado de una sociedad homogénea a otra fragmentada en comunidades culturales que conviven en el mismo espacio, pero sin un sentimiento común de pertenencia.

También hay presión sobre servicios públicos. Por ejemplo, se construyen unas 100.000 viviendas al año, pero llegan cientos de miles de personas, lo que encarece los precios. En sanidad ocurre algo similar, con listas de espera en máximos.

–Por último, ¿cuál sería para ti una política migratoria sostenible?

–Debería basarse en cinco pilares claros. En primer lugar, la selectividad: asumir que no toda inmigración es positiva y que hay que elegir perfiles en función de su cualificación, su conocimiento del idioma, su autosuficiencia económica o su afinidad cultural. En segundo lugar, la condicionalidad, es decir, vincular las prestaciones públicas a la contribución previa, porque no es justo que quien acaba de llegar tenga los mismos derechos que quien lleva décadas cotizando. En tercer lugar, eliminar las regularizaciones automáticas, como el arraigo, que permiten obtener papeles simplemente por permanecer un tiempo en el país. En cuarto lugar, endurecer el acceso a la nacionalidad, evitando que se conceda en plazos tan cortos. Y, por último, adaptar los flujos migratorios a la situación real de España, especialmente teniendo en cuenta el nivel de paro y, en particular, el paro juvenil.