Yolanda Díaz, este martes en el Congreso
El Congreso tumba la prórroga de alquileres y deja en un limbo a más de tres millones de inquilinos y propietarios
Sin sorpresas. Así ha acabado el Pleno del Congreso en el que se votaba el decreto ley que congelaba durante dos años los contratos de alquiler que finalizaban entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027. Esta normativa no ha salido adelante por el voto en contra de 177 diputados (los del PP, Vox y Junts), la abstención del PNV y el voto favorable de las fuerzas del Gobierno.
Ante este nuevo fracaso del Gobierno de Sánchez, se abre un limbo jurídico con efectos inmediatos sobre propietarios e inquilinos. Porque, impulsados por Sumar, junto a otros socios clave, como el diputado de ERC, Gabriel Rufián, el Sindicato de Inquilinas o Facua-Consumidores, son muchos los que han solicitado la prórroga, aunque el contrato finalizase muchos meses después de su votación en el Congreso.
Resultado de la votación en el Congreso sobre los alquileres
Si se tienen en cuenta los datos aportados por el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, más de un millón de contratos –que involucran a 2,7 millones de inquilino– vencían entre este año y el próximo. Por lo que sumando a ese número de inquilinos, los miles de propietarios, se podría estimar que los afectados son más de tres millones de personas.
Los expertos en el sector y en derecho inmobiliario llevan semanas alertado de que su no convalidación iba a abrir la puerta a una oleada de litigios. Y es que, dicha solicitud solo es válida para los contratos que finalizaron entre la entrada en vigor del decreto y este martes, 28 de abril. En esos casos las condiciones se mantendrán durante dos años adicionales de forma irreversible.
El resto de contratos no tienen respaldo jurídico, aunque se haya mandado ese burofax mientras estaba en vigor, por lo que «los propietarios no están obligados a prorrogarlos», explica Matilde Cuena, Catedrática de Derecho Civil y miembro de la Fundación Hay Derecho. «Plantear que un decreto derogado siga produciendo efectos una vez no se ha convalidado es un fraude constitucional», añade.
Pero el propio contenido del texto –aunque haya decaído– va a generar un problema grave. Ya que, «es una normativa sin una técnica jurídica correcta, lo que da lugar a muchas interpretaciones y, por tanto, a conflicto entre las partes y litigiosidad», asegura Arantxa Goenaga Llorca, abogada especializada en derecho inmobiliario y socia de AF Legis.
Los abogados han estado recomendando a inquilinos y a propietarios a como actuar. Goenaga ha aconsejado a los caseros «esperar a ver qué pasa», y contestar ahora, «tras la caída del decreto». En el caso de los inquilinos, abogados como Matilde Cuena han intentando que pidiesen la prórroga si no vencía el contrato ahora, «porque se colocarían en una situación complicada con el propietario, generando una desconfianza innecesaria».