¿Qué pasará con los alquileres si el Congreso tumba la prórroga?

El pleno del Congreso vota este martes el decreto ley que congela durante dos años los contratos de alquiler que finalizaban entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, y, salvo sorpresa, no saldrá adelante. Y es que el decreto tan solo cuenta con el apoyo del PSOE y el resto de los partidos de izquierdas, mientras que la mayoría que suman el PP, Vox y Junts, previsiblemente, lo rechazarán.

Ante este inminente fracaso, se abre un «limbo jurídico» con efectos inmediatos sobre propietarios e inquilinos. Porque, impulsados por Sumar, junto a otros socios clave, como el diputado de ERC, Gabriel Rufián, el Sindicato de Inquilinas o Facua-Consumidores, son muchos los que han solicitado la prórroga, aunque el contrato finalice muchos meses después de su votación en el Congreso.

Muchos expertos del sector y de derecho inmobiliario ya han alertado que en caso de no convalidarse no todos los inquilinos tienen derecho a prorrogar su contrato. De hecho, dicha solicitud solo será válida para los contratos que hayan acabado entre la entrada en vigor del decreto y la fecha de su no convalidación. En esos casos, las condiciones se mantendrán durante dos años adicionales de forma irreversible.

Aquellos que finalicen después de una eventual derogación no tendrían respaldo jurídico para solicitarla, aunque se haya mandado ese burofax mientras estaba en vigor. Por lo que se abriría la puerta a una oleada de litigios, ya que, si se tiene en cuenta los datos aportados por el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, más de un millón de contratos –que involucran a 2,7 millones de personas– vencen entre este año y el próximo.

Desde el Gobierno lo saben. De hecho, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, preguntada en una entrevista en RNE sobre qué pasará con aquellos inquilinos que hubieran solicitado la prórroga de su contrato de alquiler antes de que decaiga el decreto, ha reconocido que se abriría un «escenario jurídico inexplorado» al haber desplegado todos sus efectos legales desde que entró en vigor hace algo más de un mes y después de decaer.

Rodríguez espera que «la justicia se ponga siempre del lado del derecho a la vivienda». Sin embargo, juristas como Matilde Cuena, catedrática de Derecho Civil y miembro de la Fundación Hay Derecho, califican de «fraude constitucional, plantear que un decreto derogado siga produciendo efectos una vez no se ha convalidado».

«Los contratos que se acaben más allá de la vigencia del decreto no tienen porque ser prorrogados. El propietario podrá hacerlo si quiere, pero no está obligado», explica Cuena. Ella ha estado recomendando a los inquilinos no pedir la prórroga si el contrato no vencía ahora, «porque se colocarían en una situación complicada con el propietario, generando una desconfianza innecesaria».

En el caso de los propietarios, Arantxa Goenaga, abogada especializada en derecho inmobiliario y socia de AF Legis, ha aconsejado «esperar a ver qué pasa». «Si el cliente ya tenía intención de prorrogar, le digo que conteste que sí para no generar un conflicto innecesario. Muchos se ponen de acuerdo por WhatsApp o email y, si ambas partes lo aceptan, ya es válida. En caso contrario, que lo haga después de que decaiga», cuenta a El Debate.

Los expertos inmobiliarios advierten de los efectos contraproducentes del texto. Leandro Escobar, profesor de Economía de Comillas-Icade, considera que este real decreto «es una auténtica chapuza» que alienta a los propietarios e inquilinos a mantenerse «a la gresca».

«El problema es que la redacción jurídica no es fina y genera estos conflictos de interpretación. Si las leyes las redactase un jurista o un especialista en arrendamientos, no habría tantos problemas», sentencia, por su parte, Goenaga.