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La nueva medida espera recuperar miles de millones de euros del llamado 'IVA transfronterizo'

Los Veintisiete abren la puerta a la investigación internacional del IVA para recuperar «millones de euros»

Buscan perseguir el «fraude transfronterizo» que se registra en la compra-venta internacional

Los Veintisiete estados miembros de la Unión Europea han acordado este martes que la Fiscalía Europea y a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) tengan acceso directo a más datos del IVA para que puedan luchar contra el fraude en este impuesto que, según datos del Consejo de la Unión Europea, suponen a la UE entre 12.500 millones y 32.800 millones de euros al año.

En la práctica, el nuevo marco dará a la Fiscalía y la OLAF «información de primera mano» para poner en marcha investigaciones sobre posibles casos de fraude con el IVA transfronterizo, lo que mejorará la coordinación, acelerará las investigaciones y reforzará la capacidad de la UE de detectar y combatir el fraude con el IVA, según ha destacado el Consejo de la UE en un comunicado. Al mismo tiempo, permitirá a las empresas legítimas competir en mayor igualdad de condiciones.

La UE busca así atajar el llamado fraude carrusel por el que las empresas compran bienes en otro Estado miembro sin pagar IVA y lo venden luego en su país cobrando el impuesto, algo permitido por las normas comunitarias, pero, en lugar de transferir al fisco lo ingresado por el IVA, desaparecen quedándose las ganancias. Este fraude es cometido principalmente por grupos del crimen organizado, según la Comisión Europea.

No obstante, la entrada en funcionamiento de esta nueva normativa no va a ser inmediata. Ahora tiene que ser negociada entre los Estados y el Parlamento Europeo, que prevé aprobar su posición al respecto en julio, para establecer el texto definitivo y que pueda entrar en vigor.

Esta complementará otras medidas con fines similares, como la normativa sobre el IVA en la era digital aprobada en 2025, que prevé que para 2030 todas las empresas que vendan bienes o servicios en otro Estado miembro tengan que proporcionar información sobre el IVA de sus transacciones de manera digital, entre otras acciones.