El vicepresidente de Cohesión y Reformas de la Comisión Europea, Raffaele Fitto
Bruselas mantiene la investigación a España aunque permite el desvío fondos europeos si es «temporal»
Advierte de que puede intervenir en casos de fraude, corrupción o conflicto de intereses si el Estado miembro no corrige la situación
El vicepresidente de Cohesión y Reformas de la Comisión Europea, Raffaele Fitto, ha asegurado este miércoles que los Estados pueden hacer uso de la liquidez de los fondos europeos de Recuperación y Resiliencia (FRR) para otras cuestiones siempre que sea de forma «temporal».
No obstante, ha confirmado que mantiene abierta la investigación sobre el desvío por parte del Gobierno de España de casi 2.400 millones de euros para pagar las pensiones en el año 2024. Porque «esta Comisión puede intervenir en casos de fraude, corrupción o conflicto de intereses si el Estado miembro no corrige la situación», es decir, si no se devuelve el dinero desviado.
Fitto ha señalado que «aunque el pago de pensiones y otras formas de gasto corriente no es elegible para fondos del MRR, podría ser posible que los Estados miembro utilicen temporalmente parte de la liquidez procedente de los desembolsos del MRR para cubrir otros gastos presupuestarios» porque «este tipo de operaciones de reasignación o gestión de tesorería por parte de los Estados miembro son temporales y no tienen impacto sobre la protección de los fondos de la UE».
No obstante, un portavoz de la Comisión, no el comisario, ha asegurado que «estamos revisando actualmente la información y estamos en contacto con las autoridades españolas».
La falta de Presupuestos, que llevan prorrogados desde el año 2023 por falta de acuerdo entre los socios de Pedro Sánchez, obligó al Gobierno a desviar 2.389 millones de euros de los fondos europeos dedicados a la recuperación de los países tras la pandemia.
No obstante, en vez de informar sobre esta decisión, dado que era legal, el Gobierno de Pedro Sánchez optó por silenciarlo y tuvo que ser el Tribunal de Cuentas quien la semana pasada advirtió de este desvío de fondos.
Es decir, dos años después del desvío, el Gobierno no informó a los organismos españoles y, vista la información solicitada, a la Comisión Europea, tampoco.
