Yolanda Díaz ningunea a los empresarios con casi 200 modificaciones unilaterales de las normas laborales

Hartazgo entre los empresarios por el constante ninguneo de Yolanda Díaz . El Ministerio de Trabajo ha aprobado ya cerca de 200 modificaciones unilaterales o con el respaldo únicamente de los sindicatos de la legislación laboral. Ello desde la aprobación de la última reforma, en 2022, lo que en la práctica convierte en papel mojado el diálogo social.

Dicha reforma fue respaldada tanto por los sindicatos como por las asociaciones empresariales a cambio de importantes renuncias. «Cuando renuncias a algo es para que haya estabilidad en el tiempo, pero te encuentras con que al día siguiente te empiezan a cambiar la legislación de forma unilateral», denuncian las fuentes.

«Vamos a unas mesas donde no se nos escucha y donde las decisiones se toman de forma unilateral», abundan los empresarios consultados, que explican que Díaz no ha cejado en objetivos como la imposición del registro horario este año a pesar de la falta de respaldo parlamentario y de su intención de dar un paso atrás y no volver a presentarse como candidata cuando se convoquen nuevas elecciones. «Ella sigue», confirman.

Con la reducción de jornada a 37,5 horas bloqueada, la modificación más lesiva para las empresas actualmente en trámite es el registro horario digital. Contempla la obligatoriedad exclusiva del formato digital, acceso remoto en tiempo real de la Inspección de Trabajo, inmutabilidad y trazabilidad de los datos, y sanciones de hasta 10.000 euros por trabajador afectado en caso de incumplimiento.

Sin embargo, obligar a todas las empresas a este formato digital supone, según los empresarios, obstaculizar la gestión diaria de las empresas, sobre todo de las más pequeñas, que no siempre pueden adoptar un uso puntero e intensivo de la tecnología. «Hay mucha gente en España que aún tiene dificultades en manejar un ordenador, ¿de verdad vamos a imponer que se les obligue a fichar digitalmente?», trasladan desde la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme).

«Las pymes españolas enfrentan desafíos estructurales que amenazan su competitividad y supervivencia. El exceso de burocracia y la sobrerregulación generan costes administrativos que restan tiempo, recursos y capacidad de crecimiento, con un impacto especialmente grave en microempresas sin estructura administrativa», denunció ayer Cepyme en un comunicado.

Según la organización que preside Ángela de Miguel «la microempresa española lo está pasando muy mal porque se está legislando sin tener en cuenta su realidad, y lo están pagando los territorios más necesitados de apoyo». Lo más visible, recalcan, es que un tercio de las pymes presenta pérdidas actualmente en una coyuntura de crecimiento económico continuado. «Eso es porque las políticas públicas no piensan en la pyme», resaltan.