Las comunidades del PP votarán a favor del reparto del plan de vivienda pero advierten de futuros recursos en el Supremo

Las comunidades autónomas gobernadas por el PP han anunciado este jueves que votarán a favor de la distribución de fondos del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 en la Conferencia Sectorial del ramo de este jueves, pese a que no les gusta «cómo se ha hecho y cómo se ha configurado» y han advertido de que se reservan la presentación de «futuros recursos» frente al Tribunal Supremo.

Así lo ha apuntado el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, en declaraciones previas a la reunión en representación de todas las comunidades autónomas del PP.

«Consideramos que es un acto propagandístico del 'sanchismo' y que lo único que pretende es condicionar a las comunidades autónomas sin solucionar realmente el problema de vivienda que tenemos todos los españoles y especialmente nuestros jóvenes», ha apuntado.

En concreto, en la cita de este jueves entre el Ministerio de Vivienda y las comunidades autónomas se aborda el reparto de los fondos del plan, ya acordados con las regiones.

Dotado con hasta 7.000 millones de euros, el triple que el anterior plan, contempla destinar el 40 % de su presupuesto a aumentar la oferta de vivienda protegida de manera permanente, otro 30 % a la rehabilitación del parque de vivienda ya existente a través de ayudas específicas y el 30 % restante irá destinado a ayudas para la emancipación juvenil, la reducción de la tasa de esfuerzo financiero y la intervención en zonas tensionadas.

Rodrigo ha denunciado que se trata de un plan que se ha hecho «a espaldas de las comunidades autónomas», que se han enterado del mismo por la publicación del Boletín Oficial del Estado (BOE), y ha censurado que el Gobierno de Pedro Sánchez «intenta imponer» su «agenda ideológica» y «políticas nefastas de vivienda» a los gobiernos regionales.

Tras subrayar que se debería haber convocado una nueva Conferencia Sectorial de Vivienda en la que «con total transparencia, haber debatido este plan y, sobre todo, haberlo aprobado», ha remarcado que, en cualquier caso, las CCAA gobernadas por el PP votarán a favor de este reparto aunque no les guste «cómo se ha hecho y cómo se ha configurado».

«Por eso, sin lugar a dudas, nos reservamos la presentación de futuros recursos pertinentes en cada una de nuestras regiones» ante el Tribunal Supremo, ha advertido Rodrigo.

Entre otros factores, el consejero madrileño ha remarcado que el plan «llega tarde» y «no tiene la suficiente agilidad y rapidez» para ayudar a las CCAA y «no perder este año 2026». Según ha recordado, tras el visto bueno en la Conferencia Sectorial, tendrá que pasar otra vez por un Consejo de Ministros, por una nueva sectorial, se tendrán que firmar convenios bilaterales con regiones, por lo que cree que este año ya está prácticamente «perdido».

Además, ha censurado que el plan obliga a las CCAA a aportar una financiación «prácticamente inviable». «Mientras que las comunidades autónomas estamos haciendo un esfuerzo multiplicado por seis en relación con la aportación que hacíamos en el plan anterior, el Gobierno de España, solo está haciendo un esfuerzo multiplicándolo por dos», ha censurado.

Al hilo, ha apuntado que «además de las amenazas que están planteando sobre si estás conmigo o estás contra mí o haces lo que yo te digo con este plan, o al final no te voy a dar financiación» se trata de reparto que «no es justo en un sistema democrático».

También ha censurado el que el plan introduzca el principio de protección indefinida de las viviendas públicas, de manera que los inmuebles que se adquieran y promuevan con fondos del plan tendrán la calificación de protegidos con carácter permanente.

Así, ha recordado que el Tribunal Constitucional ya declaró inconstitucional este aspecto en recursos presentados por regiones como Andalucía o Madrid. «Se nos dio la razón diciendo que esto era una invasión de competencias y sin embargo ahora la ministra lo intenta hacer por la puerta de atrás a través de la aprobación de este Real Decreto», ha denunciado.

En este marco, ha recalcado que el plan «pretende condicionar a las comunidades autónomas sin solucionar realmente el problema de vivienda». «Nos preocupan nuestros jóvenes y nosotros, las comunidades gobernadas por el Partido Popular, tenemos especial dedicación a nuestros jóvenes porque nos preocupan, sinceramente, que no puedan emprender sus nuevos proyectos de vida y estamos viendo que el Gobierno de Pedro Sánchez, después de ocho años, no ha construido ninguna vivienda y les está hipotecando su futuro», ha zanjado.