Los pensionistas ante la declaración de la Renta: quién debe declarar y qué ventajas fiscales existen

La campaña de la Renta despierta una duda recurrente entre los más de nueve millones de pensionistas en España: ¿estoy obligado a declarar si ya no trabajo? La respuesta depende del volumen de ingresos y del número de pagadores. Como norma general, si la pensión es el único ingreso y no supera los 22.000 euros anuales, el jubilado queda exento de presentar el documento.

Sin embargo, este límite cae hasta los 15.000 euros si se percibe una segunda prestación, como un plan de pensiones privado o una pensión del extranjero, siempre que ese segundo pagador supere los 1.500 euros anuales.

Más allá de la obligación, el colectivo de mayores de 65 años disfruta de blindajes fiscales muy potentes que conviene revisar para no pagar de más. El beneficio estrella es la exención total por la venta de la vivienda habitual. Mientras que el resto de ciudadanos debe tributar por la ganancia obtenida al vender su casa, los jubilados no pagan ni un euro por este concepto, independientemente de la cuantía.

Además, si venden otros bienes (como una segunda residencia o acciones), pueden evitar el impuesto si reinvierten el dinero en una renta vitalicia que complemente su pensión, con un límite máximo de 240.000 euros.

Antiguos mutualistas

Este año resulta especialmente relevante la situación de los antiguos mutualistas. Gracias a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, quienes realizaron aportaciones a mutualidades laborales antes de 1978 tienen derecho a una reducción del 25 % sobre la parte de la pensión derivada de aquellas cuotas.

En esta campaña, Hacienda ya suele aplicar este ajuste de forma automática en el borrador, lo que se traduce en devoluciones de cientos de euros para jubilados de sectores como la banca, la metalurgia o el comercio que durante años tributaron por el 100 % de su prestación de forma indebida.

Rentas exentas de tributar

Por último, es fundamental recordar que existen pensiones que son totalmente exentas de IRPF, como las de incapacidad permanente absoluta, gran invalidez o las prestaciones derivadas de actos de terrorismo. Asimismo, los jubilados cuentan con un mínimo personal más elevado: si el general es de 5.550 euros, para los mayores de 65 años sube a 6.700 euros, y alcanza los 8.100 euros una vez cumplidos los 75.

Estas ventajas, sumadas a las posibles deducciones autonómicas por gastos médicos o de dependencia, pueden convertir una declaración aparentemente a pagar en un resultado a devolver.