Hacienda se somete a Londres y saca a Gibraltar de la lista de paraísos fiscales

El Gobierno continúa cediendo a las presiones de Gibraltar. El Ministerio de Hacienda ha lanzado a audiencia pública una orden en la que plantea sacar al Peñón de la lista de paraísos fiscales 35 años después de su ingreso. Con esta medida, el Ejecutivo blanquea la opacidad de un territorio que genera pérdidas fiscales a la UE por valor de 7.000 millones de dólares al año.

En la orden, el departamento que dirige Arcadi España propone sacar de la lista a la colonia británica, así como a Barbados, Dominica, Seychelles, Trinidad y Tobago y Samoa, y la inclusión de Rusia. Esta decisión se basa en el supuesto cumplimiento de Gibraltar de los criterios de transparencia fiscal y equidad tributaria según la legislación española.

Este territorio figura en la lista negra de España desde 1991, cuando lo clasificó como paraíso fiscal. Tras la firma del Acuerdo Fiscal Internacional entre España y Reino Unido de marzo de 2021, el Gobierno de Pedro Sánchez se comprometió a sacar a Gibraltar de la lista en el plazo de dos años, algo que finalmente no cumplió. Entonces, el ministro principal de la colonia, Fabián Picardo, amenazó con «retirarse» del tratado si nuestro país no cumplía lo acordado.

En abril de 2024, y gracias a la presión del Partido Popular, el Parlamento Europeo objetó la decisión de excluir a Gibraltar al entender que no había clarificado su posición respecto a las sanciones económicas contra Rusia. Sin embargo, el Gobierno se comprometió a sacar al territorio de la lista tras unas negociaciones con Reino Unido que la oposición calificó de «totalmente opacas».

Según el PP, es evidente que Gibraltar cumple las condiciones de opacidad y muy baja tributación que definen un paraíso fiscal. Con una población de apenas 34.000 habitantes y un PIB per cápita de 108.000 dólares –el segundo del mundo, solo superado por Luxemburgo–, la colonia alberga más de 14.000 empresas activas.

«Estamos ante una decisión de enorme trascendencia, adoptada con falta de transparencia y sin garantías suficientes de que responda exclusivamente a criterios técnicos, basándose únicamente en una concesión política», señala la eurodiputada popular Isabel Benjumea.

Benjumea explica que Gibraltar sigue representan «un foco de competencia fiscal desleal» y cualquier decisión sobre sus estatus debe estar sometida a un escrutinio «transparente y exigente». «Campo de Gibraltar, Ceuta y Melilla son los grandes perjudicados por esta situación, que favorece la economía sumergida, desincentiva la inversión en territorio español y limita la creación de empleo cualificado», comenta.

La eurodiputada recuerda además que Gibraltar sigue siendo «una colonia pendiente de descolonización» conforme al marco de Naciones Unidas y cualquier decisión que afecte a su estatus «debe tener presente esta realidad».

«Etiqueta errónea»

El ejecutivo gibraltareño, por su parte, ha celebrado la decisión y ha asegurado que la «etiqueta» de paraíso fiscal ya era «errónea» cuando se aplicó por primera vez en 1991 «y se hizo más difícil de justificar con el paso de los años, a medida que construíamos uno de los centros financieros más transparentes y mejore regulados del mundo».

«El proceso se prolongó más de lo debido, y esa demora tuvo consecuencias reales para nuestra economía y nuestra reputación. Pero lo importante ahora es que España está cumpliendo su palabra. Esta es una buena noticia para Gibraltar, para nuestro sector de servicios financieros y para las numerosas empresas y particulares a ambos lados de la frontera cuyas vidas laborales se vieron afectadas por esta designación obsoleta», ha señalado Picardo.