La Seguridad Social se encomienda en la patronal para que las empresas pongan coto al absentismo

El absentismo empieza a amenazar la sostenibilidad de las cuentas públicas, con tasas que llegan a situarse en el 10 % en algunos sectores. Por ello, el Ministerio de Seguridad Social ha comenzado a enviar requerimientos a las empresas para que aporten información exhaustiva sobre las funciones específicas de los empleados de baja ya que las omisiones en los partes están dilatando los procesos de reincorporación.

Según revela Expansión, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) se ha puesto en contacto con las patronales para que intermedien con las empresas al respecto. E organismo advierte en sus misivas de que los facultativos de atención primaria, los inspectores médicos y las mutuas colaboradoras operan de forma habitual a ciegas, al carecer de datos fiables sobre la realidad cotidiana del puesto de trabajo del afiliado.

Aunque la normativa vigente obliga a las compañías a detallar estas especificaciones a través del sistema RED, las cifras obtenidas por el citado diario constatan que el 30 % de los procesos de incapacidad temporal omitieron estos campos obligatorios o se limitaron a consignar fórmulas genéricas.

Esta laxitud se traduce en un alargamiento de los periodos de baja. Las estadísticas reflejan que la duración media de las incapacidades temporales alcanzó los 42,55 días durante el pasado año 2025. Si bien la cifra supone una leve mejoría interanual, la serie consolida una preocupante tendencia al alza si se compara con los registros de hace una década.

El verdadero desafío, no obstante, se encuentra en el espectacular aumento del volumen total de bajas tramitadas. El pasado año concluyó con 9,16 millones de procesos de incapacidad temporal, lo que representa un repunte del 7 % en tasa interanual. La perspectiva a largo plazo resulta todavía más alarmante para la estabilidad presupuestaria, ya que este volumen de bajas supone un incremento del 133 % en comparación con los datos de hace diez años, duplicando con creces la siniestralidad declarada en las empresas.

Ante este escenario, la CEOE ha exigido un endurecimiento de los mecanismos de control. Las reclamaciones del sector privado se apoyan en el reciente informe de la AIReF, recogido por Expansión, que constata una elevadísima concentración del absentismo en un grupo recurrente de beneficiarios: el 25 % de los trabajadores que solicitan la incapacidad temporal acumulan ya el 55 % del total de los procesos registrados en el país.

Para solucionarlo, las empresas solicitan que la Inspección de la Seguridad Social actúe de forma preferente antes de que se cumpla el plazo de los 365 días de baja, momento en el que las competencias pasan en exclusiva a los inspectores del propio instituto emisor. Las compañías argumentan que una fiscalización temprana de este núcleo de multirreincidentes permitiría aliviar una carga financiera que lastra la productividad nacional.