Empresas bajo la lupa de la Justicia y 1.000 millones por devolver: el balance de las compañías rescatadas por la SEPI

Seis años después de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) pusiera en marcha el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), la situación de las compañías rescatadas es desigual. Todavía faltan por devolver casi 1.000 millones de euros y algunas de estas empresas se encuentran en la cuerda floja. El último caso es el de Tubos Reunidos, que arrastra un pasivo de 263 millones de euros tras haber recibido 112,8 millones de dinero público y acaba de anunciar el concurso de acreedores.

El FASEE nació en julio de 2020 como una herramienta para evitar la quiebra del tejido productivo tras el cese de actividad provocado por la pandemia. Dotado inicialmente con 10.000 millones de euros, la SEPI aprobó finalmente el reparto de 3.255 millones entre 30 empresas –aunque algunas no llegaron a necesitar al rescate y la cifra se quedó en 2.681 millones de euros– del sector industrial y, sobre todo, del turístico y de transportes, especialmente golpeados por las restricciones de movilidad.

Los mayores rescates los concentraron el gigante siderúrgico Celsa (550 millones), la aerolínea Air Europa (475 millones), la ingeniería Técnicas Reunidas (340 millones), el grupo turístico Ávoris (320 millones) y la cadena hotelera Hotusa (241 millones). Junto a ellos, otras 22 compañías –entre las que figuran aerolíneas como Volotea y Air Nostrum, o firmas industriales como Tubos Reunidos y Duro Felguera– recibieron préstamos participativos y ordinarios para asegurar su supervivencia y proteger miles de empleos.

La condición de estratégica, sin embargo, se justificaba «por su sensible impacto social y económico, su relevancia para la seguridad, la salud de las personas, las infraestructuras, las comunicaciones o su contribución al buen funcionamiento de los mercados, cuando el crédito o las medidas de apoyo a la liquidez no fuesen suficientes para asegurar el mantenimiento de su actividad», de acuerdo con la Orden que articulaba el Fondo.

Esta ambigüedad en la redacción, sin embargo, dejaba a discreción de la SEPI –y, por extensión, del propio Gobierno– la consideración de qué compañía es estratégica y cuál no. De hecho, el tiempo ha demostrado que la selección de algunos de los beneficiarios respondió a intereses más políticos que estrictamente económicos.

Viabilidad bajo sospecha

Pero lo más preocupante es que algunas empresas encubrieron o directamente falsearon su situación financiera para poder recibir el rescate. La citada Orden establecía –entre otras cosas– que las empresas no podrían encontrarse en declaración de concurso voluntario y que la ausencia de rescate provocaría el cese de actividad, además de demostrar su viabilidad a medio y largo plazo.

Tubos Reunidos, por ejemplo, recibió 112,8 millones de la SEPI en 2021 gracias a la aquiescencia de la directora de Participadas del organismo público, Rosario Martínez. directiva que había sido nombrada por Vicente Fernández Guerrero, presidente del organismo hasta octubre de 2019 cuando dimitió por el caso Aznalcóllar. Apenas dos meses después del rescate, la siderúrgica fichó a Fernández Guerrero como asesor.

El rescate también contó con el apoyo del PNV, que llegó a enviar una misiva pidiendo acelerar la concesión a la compañía alavesa. Los nacionalistas vascos todavía hoy están pidiendo la reestructuración de la deuda de la empresa, que asciende a 263,2 millones de euros.

Sobornos en Venezuela

También los rescates de Ávoris y Air Europa están bajo la lupa por su relación con el «caso Koldo», mientras que, en el caso de Duro Felguera, que el año pasado —en octubre de 2025— logró aprobar su plan estructural para evitar el concurso de acreedores tras inyectar Prodi 10 millones y pactar una quita del 100 %, estaba siendo investigada por la Audiencia Nacional por presuntos sobornos en Venezuela cuando recibió la ayuda.

El caso más flagrante se encuentra en Plus Ultra, que recibió 53 millones de euros en pagos fraccionados para evitar el control de Bruselas ya que la compañía no cumplía con las condiciones económicas que justificaban su rescate. Tras archivarse una causa previa, la Justicia investiga ahora si la compañía habría usado las ayudas para blanquear dinero procedente del contrabando de oro venezolano y la malversación de ayudas en una trama en torno a las supuestas conexiones del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Casi 1.000 millones pendientes

Desde la finalización del marco temporal del Fondo, en julio de 2022, hasta la fecha, solo han cancelado la totalidad de los préstamos once de las 28 empresas que recibieron ayudas.

A raíz de la amortización anticipada de Grupo Mediterránea, la SEPI anunció que el Fondo había recuperado 1.737 millones de euros, el 65 %, por lo que todavía quedan por devolver 944 millones. No obstante, y de acuerdo con la situación económica de algunas empresas, parece complicado que el Estado recupere todo el dinero.