La UCO rastrea el 'trato de favor' de la SEPI a cinco empresas: Plus Ultra, Air Europa, Duro Felguera, Tubos Reunidos y Ávoris

Cuando en el verano de 2020, el Gobierno de Pedro Sánchez puso en marcha el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), dependiente del Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero, se comprometió rescatar a las compañías «estratégicas» del tejido productivo español, para salvar los empleos durante la pandemia.

Lo que nadie esperaba entonces es que las cinco principales operaciones fraguadas bajo la excusa de la extraordinaria y urgente necesidad de intervenir -cuatro iniciales y una última poco después, se utilizasen para «favorecer» a varias entidades, de manera presuntamente irregular, como señalan las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que, a punto de levantarse el secreto de sumario del 'caso Plus Ultra', rastrea el trato de la SEPI a dicha aerolínea, pero también a Duro Felguera, Ávoris, Air Europa y Tubos Reunidos.

No en vano, las inyecciones de fondos públicos percibidas por dichas entidades que, por sí solas, concentran 1.080,8 millones de euros del erario bajo la sombra de las irregularidades procesales, la falta de la documentación correspondiente o las influencias externas que, hoy, siguen centrando la agenda del Senado (en las comisiones de investigación abiertas) y de los tribunales (con la investigación de Air Europa y la de Plus Ultra, en la Audiencia Nacional).

El papel de Zapatero en Plus Ultra

El caso más flagrante es el de Plus Ultra Líneas Aéreas que percibió 53 millones, en marzo de 2021, fraccionados en dos pagos para sortear los controles de Europa, tan sólo unas semanas después de que el sistema de las ayudas públicas echara a andar. Y, ello, pese a que la aerolínea hispano-venezolana acumulaba pérdidas en todas sus cuentas anuales, previas a la pandemia y, según los propios documentos a los que ha tenido acceso El Debate, ni siquiera los informes económicos que justificaban su rescate estaban firmados por los técnicos. Por no hablar de cómo el perito judicial designado por el juzgado de instrucción, que asumió las pesquisas en un principio, declaró la «quiebra técnica» de la compañía, antes de la parálisis de la actividad económica provocada por el confinamiento mundial.

Tal es así que el vicepresidente de la SEPI reconoció el primero de los extremos, hace unos días, en la comisión de investigación del Senado. Un detalle que para los investigadores, según ha podido confirmar este diario, formaba parte de un procedimiento 'acelerado' de manera intencionada, previa intermediación, supuestamente, del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que contrasta con los meses —e incluso años— que tardaron otras empresas en recibir respuesta.

Air Europa, también judicializada

Otra aerolínea, Air Europa, del grupo Globalia propiedad de la familia Hidalgo, se llevó el premio gordo de los rescates: 475 millones de euros entregados tras sólo 70 días de tramitación del expediente, frente a los 349 de media que correspondieron a las empresas solicitantes de las ayudas contempladas en FASEE.

Ni el Tribunal de Cuentas que, sin embargo, avaló formalmente el procedimiento, ha ocultado las diferencias abismales de trato a una compañía que instó su porción antes, incluso, de que el fondo estuviera oficialmente aprobado. Motivo por el que la UCO sospecha que la entidad pudo tener acceso a información oficial privilegiada, de la mano de la trama a la que accedió Víctor de Aldama, contratado por la aerolínea, en el Ministerio de Transportes que gestionaba José Luis Ábalos, con la intervención de su ex asesor Koldo García Izaguirre y que ha llevado a ambos a verse sentados en el banquillo del Supremo.

Hasta la fecha, la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, ha negado cualquier injerencia externa —incluida la del socialista Zapatero o del comisionista Aldama—, pero a estas alturas y a medida que, en el marco de otras instrucciones entrelazadas con el 'caso PSOE', afloran los mensajes entre los miembros del clan, presuntamente, corrupto, se van despejando las incógnitas iniciales..

La joint venture entre Barceló y Globalia

Ávoris Corporación Empresarial (la joint venture entre Barceló y Globalia, nuevamente la familia Hidalgo, accionista mayoritario con cerca de un 46% del capital) recibió 320 millones en forma de préstamos. El grupo turístico, que después de haber sido rescatada planteó un ERE a su plantilla, tardó en publicar el destino exacto de los fondos, tal como exigía la normativa de transparencia del propio FASEE. Tal es así, que tras una batalla iniciada por Gilfer SC, la Justicia obligó a la SEPI, en mayo de 2025, a aflorar la letra pequeña de la ayuda.

Entre otras cuestiones porque, tras ser rescatada, el Ministerio de Hacienda habría incidido en la entidad pública de Correos y Telégrafos para adjudicar el contrato del proyecto Correos Cargo a la aerolínea Iberojet, a su vez propiedad de de Ávoris.

Duro Felguera y su plan de viabilidad

Algo similar al caso anterior sucedió con la ingeniería asturiana Duro Felguera, que obtuvo 120 millones, mediante un préstamo participativo, ordinario y con entrada en el capital social. La empresa, especializada en bienes de equipo, a la espera de que la Justicia decida sobre la homologación de su plan de viabilidad para evitar la quiebra, fue una de las primeras en cobrar y, al mismo tiempo, también una de las que menos explicaciones ha dado sobre el dinero público y su destino final.

La resolución de los tribunales abocará al Ejecutivo asturiano a la pérdida de los seis millones de euros que inyectó en la empresa, en 2021. Una ayuda que el Gobierno del socialista Adrián Barbón articuló a través de la Sociedad Regional de Promoción (SPR) del Principado. Es decir, salvo sorpresa de última hora, dicho préstamo será objeto de una quita absoluta, puesto que se considerará que no tiene naturaleza pública, según han apuntado varias fuentes consultadas por El Debate y, tal y como éste adelantó, precisamente, por haber sido un impulso canalizado a través de dicho mecanismo regional.

Protestas en Tubos Reunidos

El quinto nombre en la lista negra de los rescates es Tubos Reunidos. La siderúrgica vasca se embolsó 112,8 millones en julio de 2021, en plena parálisis de las adjudicaciones de los fondos públicos, tras haber estallado el escándalo de Plus Ultra y adelantando a otras empresas que habían solicitado auxilio económico mucho antes.

Por ello, los investigadores han afinado el foco dirigido hacia la misma trama de 'influencias' que salpica a otras beneficiadas. Y, si bien la SEPI, concesionaria del préstamo, ya ha advertido que no aceptará quita alguna, la situación financiera de la compañía, que supera los 250 millones de euros, el doble de lo percibido, complica todavía más la reestructuración. De hecho, en marzo de este mismo año, la dirección de Tubos Reunidos registraba un expediente de regulación de empleo (ERE), ante la autoridad laboral competente, para su plantas de Trapagaran (Vizcaya) y la acería ubicada en Amurrio (Álava) que afectó a 285 trabajadores, optando por la externalización de la logística.

Ante semejante escenario, no se han hecho esperar las críticas y las concentraciones de protesta frente a la sede de la compañía, durante los últimos días. Entre los trabajadores ha cuajado la sensación de que el dinero recibido fue «malgastado» y quieren asegurarse de que ante un eventual nuevo apoyo público de la SEPI, en forma de una posible flexibilización del rescate anterior, no se tomarán decisiones sin fiscalizar hasta el último céntimo público.

Falta de control y explicaciones

Llegados hasta este punto, los investigadores sospechan que hubo se dio una dinámica común, en el caso de estas cinco empresas, en virtud de la cual se relajaron las exigencias normativas de FASEE que obligaban a las empresas a publicar en sus webs, al año de recibir la ayuda y después periódicamente, el destino concreto de los fondos. De hecho, varias de las mismas excedieron dicho plazo o, si lo hicieron, fue de forma genérica sin detallar las partidas y sus importes correspondientes.

El Tribunal de Cuentas, quien fiscalizó a posteriori el uso y destino de los fondos, supervisó a una SEPI que , en la práctica, actuó con autonomía casi absoluta. Tanto es así que los cuatro rescates que representan el 36% del total de FASEE han centrado la atención de la UCO, en especial, teniendo en cuanta que si bien algunos de ellos están siendo religiosamente devueltos por Air Europa y Ávoris, otros siguen atados al Estado y con graves problemas de operativa, solvencia y continuidad.