Hasta 5,12 millones y 194.000 euros de media: los sueldos dorados del entramado empresarial que controla Pedro Sánchez

La colonización del control de las empresas del Estado o participadas por el Estado ha sido una constante en el Gobierno socialista. Pedro Sánchez ha usado la SEPI (Sociedad Española de Participaciones Industriales) para aumentar la cuota de poder y presionar para colocar a afines en la presidencia de las compañías. Fieles a cambio de sueldos dorados: un salario intermedio de 194.000 euros, y un máximo de 5,12 millones.

Un caso sintomático es el de Marc Murtra, actual presidente de Telefónica y antes de Indra. El Gobierno, a través de la SEPI, aumentó su participación en la multinacional de las telecomunicaciones hasta un 10%, y colocó a su hombre de confianza para sectores estratégicos. Con una histórica y estrecha vinculación con el PSC —fue jefe de gabinete de Joan Clos en el Ministerio de Industria durante el Gobierno de Zapatero—, su sueldo es de 5,12 millones de euros al año.

El Gobierno también usó la SEPI para presionar la salida de Ángel Escribano de la presidencia de Indra en mayo. Como recambio al mando de la empresa tecnológica colocó a un directivo teóricamente neutral, Ángel Simón, aunque, como Murtra, cercano al PSC. Su sueldo es de 622.000 euros al año.

Al margen de directivos afines, el sueldo más alto de un ex alto cargo político del PSOE, con carné del partido, en una empresa participada por la SEPI es el de Beatriz Corredor, presidenta de Redeia, con una remuneración de 546.000 euros al año. La ex ministra de Vivienda con Zapatero está sirviendo de escudo al Gobierno de Sánchez por la gestión del gran apagón durante su administración.

La misma SEPI, la corporación que aglutina las participaciones del Estado, está bajo control de una figura de entera confianza del Ministerio de Hacienda de la época de María Jesús Montero. Belén Gualda, su presidenta con un sueldo de 258.785 euros anuales, ocupó altos cargos de la Junta de Andalucía durante los gobiernos del PSOE y presidió Navantia. Otro alto cargo del PSOE de Andalucía y estrecho colaborador de Montero preside la compañía de construcción naval Navantia. Ricardo Domínguez preside la compañía por un sueldo de 237.848 euros anuales.

El histórico dirigente del aparato del PSOE Pedro Saura preside Correos por un sueldo de 234.754 euros anuales. Diputado en el Congreso durante varias legislaturas y secretario de Estado con Sánchez, también presidió Enaire y Paradores. Paradores ahora está en manos de Raquel Sánchez, ministra de Transportes entre 2021 y 2023, con un sueldo de 211.581 euros al año.

Otro perfil muy político tiene la presidenta de Enresa, la compañía de gestión de residuos radiactivos y desmantelamiento de las instalaciones nucleares. Olga García, consejera de Transición Ecológica de Extremadura con el socialista Fernández Vara, gestiona ahora el final de la central nuclear de Almaraz por un sueldo de 197.170 euros anuales.

La empresa pública de componente equipos nucleares, Ensa, también está a cargo de un político socialista. Francisco Fernández Mañanes, histórico diputado autonómico cántabro y consejero de Educación de la región, preside la empresa por 179.103 euros al año.

Óscar Puente, Adif y Renfe

Óscar Puente ha sido especialmente obstinado para colocar a afines en empresas públicas dependientes del Ministerio de Transportes. Puente promocionó a Álvaro Fernández Heredia, gerente de autobuses durante su alcaldía en Valladolid, desde la Secretaría General de Movilidad a la presidencia de Renfe por un sueldo de 189.995 euros anuales. Y en 2024 se llevó a Pedro Marco de la Peña de la Viceconsejería de Infraestructuras y Transportes del Gobierno vasco, formado por PNV y PSE, a la presidencia de Adif por un sueldo de 195.163 euros anuales.

Miguel Ángel Oliver, primer secretario de Comunicación con Sánchez, preside la agencia EFE por un sueldo de 191.044 euros anuales. Aunque sin un cargo político previo, la polémica gestión de José Pablo López al frente de RTVE, por un sueldo de 194.384 euros anuales, le ha situado como uno de los grandes defensores del sanchismo.

José Miñones, socialista de largo recorrido en cargos públicos y breve ministro de Sanidad en 2023, fue compensado por su salida del Gobierno con la presidencia de la empresa de distribución alimentaria Mercasa, con un sueldo de 183.959 euros al año, el doble de lo gana la ministra de Sanidad (90.527 euros). Otro exministro socialista, el astronauta Pedro Duque, preside la empresa de satélites Hispasat. Su sueldo no es público puesto que se trata de una compañía con capital privado y no cotizada.

Jesús Casas, presidente de Tragsa, fue director general de Desarrollo Rural en Asturias bajo mandato socialista. Ahora preside la empresa de transformación agraria por un sueldo de 172.061 euros al año. Javier Rosell pasó por la puerta giratoria desde el cargo de director general de Empresas de Castilla-La Mancha a la empresa de promoción empresarial Sepides por un sueldo de 141.942 al año. El presidente de Minas de Almadén (Mayasa), José Tejero, fue concejal socialista de la localidad de la provincia de Ciudad Real. Cobra un sueldo de 135.289 euros.

Directivos alejados de la política

En las empresas públicas o participadas por el Estado quedan todavía directivos con una larga trayectoria en las compañías más allá de cambios políticos. El presidente de Ebro Foods, Antonio Hernández, lleva en el cargo más de dos décadas, con gobiernos del PP y del PSOE. La SEPI posee el 10,36 % de la compañía.

De la fabricante de trenes Talgo, la SEPI tiene una participación del 7,80 %, pero el reciente nombramiento de su presidente, José Antonio Jainaga, se debe a criterios estrictamente empresariales. La matriz de Iberia, IAG, donde la SEPI tiene una participación del 2,52 %, también tiene un presidente alejado de la política, Javier Ferrán, con una larga trayectoria en el mundo empresarial. Al igual que Francisco Javier Sánchez, presidente de Airbus Group en España, donde la SEPI tiene una participación del 4,12 %.

Cofivacasa, 100% participada por la SEPI, también tiene a un presidente alejado de la política, Mariano Herranz. Y las empresas controladas por el Estado Enaire, la operadora del transporte aéreo, y Puertos del Estado, también tienen presidentes sin filiación política. Enrique Maurer cuenta con una extensa trayectoria en Enaire, al igual que la larga carrera de Gustavo Santana en la administración marítima en diferentes organismos.