Los fondos europeos entran en su fase «más incómoda» con el riesgo de devoluciones millonarias

Final del camino para los fondos europeos Next Generation, aprobados por la Comisión Europea para impulsar la reactivación de la economía tras el coronavirus y su transformación tecnológica y sostenible.

A dos meses y medio del 31 de agosto, el plazo en el que se producirá el cierre operativo de las ayudas, el Ejecutivo acaba de activar el mecanismo por el que los procedimientos con errores o fallos deberán reintegrar los fondos percibidos. Es la Orden de Hacienda HAC/580/2026, que desarrolla el artículo 37 del decreto de ayudas casi seis años después de su aprobación.

«La orden confirma que el plan entra en una etapa distinta, menos centrada en lanzar convocatorias y más orientada a comprobar si los fondos se han ejecutado correctamente», explica, a El Debate, Manuel Mestre, director de ayudas y subvenciones en la consultora especializada Ayming. Es lo que otro economista con conocimiento directo de los entresijos de los fondos califica de «fase más incómoda».

El motivo es que ahora se verá qué proyectos «no han cumplido» con lo exigido por Bruselas o contienen errores de estructura y planteamiento. O, sobre todo, que no sean capaces de acreditar adecuadamente cómo, cuándo y para qué se ha gastado, apunta Mestre.

El Consejo Europeo aprobó el mecanismo en julio de 2020, dotado con un total de 750.000 millones de euros. De ellos España aspiraba a recibir 163.000, 80.000 en subvenciones a fondo perdido y otros 83.000 en préstamos blandos.

El pasado diciembre, sin embargo, el Gobierno optó a renunciar a 60.000 millones de esta última partida, bajo el argumento de que el Estado puede financiarse en los mercados en condiciones más ventajosas.

Lo cierto es que los fondos han arrastrado desde su inicio retrasos y problemas en la ejecución. De hecho, a dos meses y medio del final del período, las resoluciones alcanzan solo los 67.574 millones de euros, con una tasa del 71,6 %, a pesar de que en los últimos meses se ha producido una aceleración en el ritmo.

Las cifras proceden del portal Elisa activado por el ministerio de Economía, que ofrece estimaciones, «pero no es un elemento de auditoría ni de control». Durante el programa, de hecho, también se han sucedido las críticas a la falta de transparencia, como demuestra también que España sea, junto con Bulgaria, el único país receptor que no ha actualizado la lista de los cien mayores perceptores de los fondos.

Impacto en la economía

«No debemos confundir resolución con ejecución completa», añade además Manuel Mestre, que considera no obstante que las cifras «son positivas y demuestran que la maquinaria administrativa ha ganado ritmo», pese a la persistencia de problemas como la elevada carga administrativa, los plazos ajustados, la complejidad técnica y las diferencias entre administraciones.

Según los datos de la Intervención General del Estado (IGAE), por ahora la ejecución total apenas ronda el 43 %. Después del 31 de agosto, solo continuarán algunos programas articulados a través de organismos intermedios, como SEPIDES, CDTI o el ICO.

Éste último gestionará el Fondo España Crece, con 13.300 millones de euros, que el Gobierno ha calificado de «fondo soberano» a pesar de que este tipo de instrumentos se nutre en otros países con excedentes financieros, y en este caso lo hará con deuda que deberá pagarse a largo plazo.

Mestre subraya que el verdadero reto «está en que esos proyectos se ejecuten correctamente, se justifiquen en plazo y generen un impacto transformador medible». Otras fuentes dudan de que pueda acreditarse un gran impacto transformador en la economía. «La productividad no se ha incrementado y la formación bruta de capital sigue estancada en el 20 %», señalan. «La valoración debe ser positiva en términos de movilización, pero prudente en términos de impacto final», concluye por su parte Mestre.