El Tribunal de Cuentas reacciona a la polémica con las pensiones con un informe sobre las prórrogas de Presupuestos

La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, ha adelantado este martes a las Cortes que está valorando realizar «un estudio jurídico técnico» sobre las consecuencias de la gestión presupuestaria de las prórrogas presupuestarias y su impacto en los recursos públicos.

La polémica sobre la mala utilización de fondos europeos en el ejercicio de 2024 ha ocupado buena parte de su intervención en la Comisión Mixta Congreso - Senado. PP y Vox han interrogado a la presidenta de TCU por las modificaciones de créditos autorizados para financiar el pago de pensiones en el ejercicio de 2024, desvelado el mes pasado por un informe del propio tribunal. Ambas formaciones han considerado que esta modificación supone un incumplimiento legal que debería figurar como tal en la opinión final del órgano fiscalizador sobre la Cuenta General del Estado de 2024.

«Se ha querido elevar una advertencia interna a la categoría de fraude», ha respondido Chicano, insistiendo en que el documento «no dice que se utilizaran fondos europeos para pagar pensiones», por importe de 2.389 millones, a pesar de que el tribunal acredita que el Gobierno modificó la partida correspondiente para sufragar las partidas de Clases Pasivas y de complementos de pensiones mínimas del Sistema de la Seguridad Social.

Esto se debe a que «el dinero [europeo] solamente se percibe una vez acreditado el cumplimiento del hito o objetivo», según la presidenta del Tribunal de Cuentas, que encuadra la modificación de la partida realizada por el Gobierno en el marco de las ya habituales prórrogas presupuestarias de Pedro Sánchez, que hace que «en los siguientes años haya más fondos de los necesarios» para determinadas partidas.

«La controversia no se corresponde con si se pagaron pensiones con fondos europeos, sino si en un ejercicio en prórroga presupuestaria se podían utilizar créditos sobrantes legalmente», ha señalado. Esto hizo que la mayoría del tribunal «cambiara de opinión» en la redacción final de la Cuenta General del Estado de 2024, tras las alegaciones del Gobierno, con el voto particular de un consejero y otros cinco votos concurrentes expresando dudas sobre el encaje legal de la maniobra.