Paneles solares de Holaluz, una de las empresas más problemáticas del momento.
Se recrudece el control sobre las comercializadoras de energía ante el reciente aluvión de problemas
El Gobierno ha iniciado los trámites para inhabilitar a cerca de una treintena de compañías, incluida la cotizada Holaluz
Agentes del sector eléctrico valoran la propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de incrementar las garantías exigidas a las comercializadoras de luz en España con el objetivo de que demuestren suficiente capacidad técnica y económica antes de iniciar su actividad.
Consultados por EFE, creen que dicha iniciativa sanearía un mercado que se ha convertido en noticia después de que el Gobierno haya iniciado los trámites para inhabilitar a cerca de una treintena de compañías, incluida la cotizada Holaluz, que tiene hasta la próxima semana para presentar sus alegaciones.
En su reciente análisis sobre la comercialización eléctrica, la CNMC constata que el procedimiento actual de alta ha facilitado la entrada de nuevas empresas, aunque algunas han generado problemas a los consumidores y unos 250 millones de euros en impagos para el sistema por su falta de solvencia.
Valorando propuestas
Consciente de estos problemas, el Ejecutivo aprobó en febrero el reglamento general de suministro, comercialización y agregación de energía eléctrica, que reforzó los requisitos e incorporó nuevas obligaciones.
Con todo, la CNMC aboga por reforzar la solvencia económico-financiera de estas compañías. Asimismo considera «esencial» que se les exija un capital social desembolsado mínimo para ejercer la actividad, y plantea impedir el acceso a empresas en fase preconcursal, concursal o inhabilitadas previamente.
Fuentes de la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE) aseveran a EFE que reforzar los criterios de solvencia contribuye a garantizar que los nuevos operadores son «empresas serias, responsables y con capacidad para desarrollar su actividad de forma sostenible».
Esto redundaría, prosiguen, en una mayor estabilidad y confianza para el conjunto del mercado.
Fácil entrada al mercado minorista en España
De acuerdo con el diagnóstico de la CNMC, España es el país europeo con mayor número de comercializadoras eléctricas activas a nivel nacional. Es más, incluso en los recientes años de crisis de precios energéticos, las nuevas entradas superaron a los ceses.
Por tanto, «existe una fácil entrada al mercado minorista», sostiene el organismo, que lo compara con la situación en otros países europeos a cierre de 2024, de cuando datan los últimos datos que ofrece la agencia especializada de la Unión Europea ACER.
Por entonces, España contaba con 306 comercializadores, seguida de Alemania (212), Noruega (168) e Italia (141). Un año más tarde, a 31 de diciembre de 2025, el número total de empresas publicadas en el listado de comercializadoras de electricidad en España era de 564, de las cuales 445 tenían al menos un cliente.
Conforme a la CNMC, desde enero de 2022 -poco antes de la crisis de volatilidad en los precios de los mercados energéticos que trajo consigo la invasión rusa de Ucrania- hasta aquella fecha, se registraron 214 altas, frente a 144 bajas.
De estas últimas, 64 fueron inhabilitadas por el Ministerio para la Transición Ecológica: 39 fueron por incumplimiento de los requisitos exigidos, mientras que los 25 restantes se debieron a la falta de actividad de la empresa.
Un perjuicio económico de 300 millones
En líneas generales, estas inhabilitaciones, explica Competencia, tienen su origen en la insuficiente capacidad financiera de la comercializadora en cuestión para gestionar adecuadamente su cartera de clientes.
La CNMC se remite al último informe del operador del sistema, Red Eléctrica, y estima que el perjuicio económico por incumplimiento de los requisitos exigidos para esta actividad supera los 243 millones de euros en concepto de impagos acumulados por compras de energía no cubiertas mediante garantías.
A esta cifra se suman deudas por impago de peajes que alcanzarían los 14 millones de euros en marzo de este año, y la deuda fallida del sector -que se considera incobrable debido a la insolvencia o desaparición del deudor-, estimada en hasta 40 millones adicionales.
Pero más allá del impacto económico, la sucesión de ceses, situaciones concursales e inhabilitaciones genera «un deterioro reputacional para aquellas comercializadoras que desarrollan su actividad de manera diligente, con el consiguiente efecto negativo sobre el desarrollo de la competencia», lamenta el organismo.
