La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz junto a los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo y de UGT, Pepe Álvarez
El Consejo de Europa aprieta para que Sánchez cambie la ley que regula la indemnización por despido
Considera que la indemnización por despido improcedente debería ser personalizada e incluir a los contratos irregulares
El Consejo de Europa ha vuelto a dar un toque de atención al Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusa de incumplir con la Carta Europea de Derechos Sociales en lo que se refiere a las indemnizaciones por despido improcedente.
La institución europea respalda así la resolución emitida el pasado mes de marzo por el Comité Europeo de Derechos Sociales, que pedía al Gobierno español que cambiara la normativa sobre el despido improcedente de manera que «tenga en cuenta el daño real sufrido por la víctima y las circunstancias individuales de su caso», en lugar de ser algo mecánico y generalizado para todos. En estos momentos, la indemnización por despido improcedente está establecido en España en 33 días por año trabajado.
Además, la resolución también pide que el derecho a indemnización incluya a «los trabajadores temporales contratados en fraude de ley» y que se les incluya los daños morales provocados con la finalidad de disuadir al contratador.
El problema es que la reforma que pide el Consejo de Europa ha sacado a relucir las diferencias que existen en el seno del Gobierno de Pedro Sánchez. Y el que el Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz (Sumar) está de acuerdo con llevar a cabo esta reforma mientras que el Ministerio de Economía del vicepresidente Carlos Cuerpo y que, en definitiva, tendría que ser quien acarrease con el pago, está en contra de su aplicación.
De hecho, hace ya meses, desde octubre, que tanto el Gobierno como los sindicatos y la patronal están negociando esta reforma que pide el Consejo de Europa, pero la división incluso dentro del mismo Gobierno de Pedro Sánchez, no hace prever una obediencia próxima a los requerimientos de la institución europea.
Estas quejas al Comité Europeo de Derechos Sociales surgieron a raíz de varios casos de despidos que se produjeron justo antes del inicio del confinamiento por la pandemia en marzo de 2020. Los tribunales provinciales añadieron días de indemnización a los 33 establecidos por ley debido a que los despedidos no pudieron acogerse a los ERTE aprobados durante el confinamiento.
Pero el Tribunal Supremo cortó por lo sano estas sentencias y de ahí surgieron las quejas que los sindicatos elevaron hasta el Comité Europeo de Derechos Sociales.
