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José María Rotellar

España y los fondos Next Generation de los que presume Sánchez el 'día Ábalos': una oportunidad histórica desperdiciada

La mayor inyección de recursos públicos de la historia reciente debía impulsar la productividad y el crecimiento potencial, pero corre el riesgo de dejar tras de sí más burocracia que transformación

España se encuentra ante el final de una de las mayores oportunidades de inversión pública de su historia reciente. Los fondos europeos Next Generation EU nacieron como respuesta extraordinaria a una crisis extraordinaria, con el objetivo de impulsar la transformación económica, reforzar la competitividad y elevar el potencial de crecimiento de los países miembros. Sin embargo, en el caso español, lo que pudo convertirse en un auténtico punto de inflexión corre el riesgo de quedar como un ejemplo de mala gestión y de oportunidad perdida. Pese a que el vicepresidente primero y Ministro de Economía y Empresa, Carlos Cuerpo, lo califique de «éxito rotundo», cosa que, claramente, no es, sino todo lo contrario.

La Comisión Europea ha mostrado una cierta flexibilidad al considerar que determinados desembolsos puedan computarse aunque la ejecución material de los proyectos no haya finalizado completamente. Esa interpretación permite ganar algo de margen y evita que el cumplimiento formal de los hitos dependa exclusivamente de la terminación física de cada actuación. Sin embargo, esa flexibilidad no elimina el problema de fondo: la capacidad real de ejecutar los proyectos dentro de los plazos establecidos.

El calendario sigue siendo inexorable. La fecha límite del 31 de agosto permanece vigente y, según ha reiterado la propia Comisión, no se contempla una nueva prórroga. Es cierto que durante el mes de agosto continúa siendo posible avanzar en la ejecución, pero también lo es que la actividad administrativa y empresarial se ralentiza considerablemente. Los procesos de contratación, supervisión, certificación y justificación difícilmente mantienen en esas semanas el mismo ritmo que durante el resto del año. Todo aquello que no se haya impulsado con suficiente antelación corre el riesgo de no llegar a tiempo.

Pero más allá del problema coyuntural de los plazos, la cuestión verdaderamente relevante es otra: España ha desaprovechado el enorme potencial transformador que ofrecían estos recursos.

Desde el primer momento existía una discusión legítima sobre la conveniencia de la propia arquitectura de los fondos europeos. La mutualización parcial de deuda y la financiación mediante transferencias directas planteaban interrogantes económicos y políticos de gran calado. A mí me parece que eran un error, como lo fueron las decisiones de cierre total decretadas durante la pandemia. Sin embargo, una vez adoptada la decisión de inyectar dichos fondos, la cuestión ya no era si los fondos eran la herramienta ideal, sino cómo utilizarlos de la manera más eficiente posible. Y ahí es donde España ha fallado.

Sin embargo, la sensación predominante es que la selección de proyectos ha estado demasiado condicionada por criterios políticos y por la necesidad de exhibir resultados inmediatos. Se ha priorizado en demasiadas ocasiones la rapidez del anuncio frente a la rentabilidad económica de las actuaciones. Se ha confundido gasto con inversión. Y se ha olvidado que el objetivo último no era ejecutar fondos, sino transformar la economía.

El resultado es que buena parte de los recursos no han generado el impacto esperado. Las dificultades burocráticas han sido constantes. Empresas, autónomos y administraciones territoriales han denunciado reiteradamente la complejidad de las convocatorias, los retrasos en las resoluciones y la incertidumbre sobre los criterios de adjudicación. Mientras tanto, numerosos proyectos con capacidad real para generar crecimiento han encontrado obstáculos administrativos que han retrasado o incluso impedido su desarrollo.

La paradoja es evidente. España recibía una inyección financiera sin precedentes en un contexto de elevado endeudamiento público y de escaso margen presupuestario. Era una ocasión excepcional para acometer reformas e inversiones que, de otro modo, habrían resultado mucho más difíciles de financiar. Era el momento de impulsar proyectos capaces de elevar el crecimiento potencial durante las próximas décadas y de animar al sector privado para que fuesen los que, tras ese impulso inicial, pudiesen redoblar las inversiones, pero se ha martirizado, en muchos casos, a las empresas. Era una oportunidad para fortalecer la competitividad de la economía española en un entorno internacional cada vez más exigente. Sin embargo, se optó por una visión excesivamente cortoplacista.

En lugar de concentrar los esfuerzos en proyectos con una clara rentabilidad económica y social a medio y largo plazo, se ha tendido a privilegiar actuaciones que generaban un rendimiento político más inmediato. Se ha puesto el foco en la distribución de los fondos más que en los resultados obtenidos, olvidando las necesarias economías de escala y la eficiencia del sector privado en el multiplicador de la economía. Cuando la ejecución se convierte en un fin en sí mismo, el riesgo de ineficiencia aumenta considerablemente.

La consecuencia es doblemente negativa. Por un lado, existe el riesgo de que una parte de los recursos ni siquiera llegue a ejecutarse completamente antes del vencimiento de los plazos. Por otro, incluso los fondos efectivamente desembolsados podrían no haber producido el impacto transformador que justificaba su existencia.

España no tendrá una segunda oportunidad semejante en mucho tiempo. Los fondos europeos constituían una ocasión única para modernizar estructuras productivas, reforzar la competitividad y elevar el crecimiento potencial de la economía. Lejos de aprovechar plenamente esa posibilidad, se ha permitido que una parte sustancial de su potencial se diluya entre retrasos, burocracia, improvisación y una visión excesivamente orientada al corto plazo.

Por eso, cuando se evalúe el legado de los fondos europeos en España, la cuestión no será únicamente cuánto dinero llegó o cuánto dinero se gastó. La verdadera pregunta será cuánto crecimiento adicional se generó, cuánta productividad se ganó y cuánto mejor preparada quedó la economía española para afrontar el futuro. Y, desgraciadamente, todo apunta a que la respuesta estará muy por debajo de lo que una oportunidad histórica de esta magnitud habría permitido alcanzar.