Las constructoras recuerdan que sigue sin invertirse lo necesario en infraestructuras hidráulicas

ANCI, la asociación de las constructoras no cotizadas, ha celebrado hoy su Asamblea General en la sede del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Durante la misma, la dirección de la asociación y representantes de las 25 empresas asociadas han defendido la necesidad de mantener un esfuerzo inversor estable en infraestructuras y que los contratos se ejecuten en un marco que permita reflejar la realidad económica.

La asociación ha valorado positivamente el esfuerzo inversor de las administraciones en los últimos años. En 2025 la licitación de obra pública superó los 35.000 millones de euros, duplicando prácticamente el volumen registrado en 2020. Recuerda, sin embargo, que la inversión está muy concentrada en determinadas áreas, mientras que se mantiene el déficit inversor en infraestructuras esenciales, como las hidráulicas.

Evolución de los costes de construcción

Por otro lado, la asociación ha puesto de manifiesto la creciente dificultad para ejecutar las obras, ante un crecimiento sostenido de los precios de los materiales y la mano de obra, que han supuesto un incremento medio de los costes de construcción de un 30 % desde 2020.

A esta inflación estructural se han sumado las sucesivas crisis internacionales, desde la pandemia y la guerra de Ucrania, hasta la crisis de Irán, que incrementan de manera puntual, pero muy significativa, los costes de producción, hasta el punto de poner en riesgo la viabilidad de muchas obras en ejecución y comprometer la contratación de otras.

ANCI ha recordado que, en la práctica, muchos contratos públicos siguen licitándose con presupuestos calculados sobre proyectos antiguos o bases de precios desactualizadas y que, además, los presupuestos de adjudicación están fijados durante los años que dura la obra, con mecanismos de revisión inexistentes o insuficientes para reflejar la evolución real de los costes.

Por ello, la Asamblea ha reclamado tres medidas para facilitar la ejecución de las obras. En primer lugar, licitar siempre con presupuestos ajustados a los precios reales de mercado. En segundo lugar, reformar el sistema de revisión de precios para que vuelva a ser un mecanismo preceptivo y capaz de trasladar a los contratos la evolución real de los costes, incluido el de la mano de obra. Y, por último, avanzar hacia una contratación pública en la que la calidad tenga un peso equilibrado con el precio y en la que se controle de manera estricta la presentación de ofertas anormalmente bajas.

Concurrencia y competencia para la eficiencia de la contratación pública

La asociación también ha recordado la necesidad de preservar una competencia abierta y efectiva en la contratación pública. En este sentido, seguirá trabajando para fomentar la concurrencia en los procesos de compra pública, para lo cual considera esencial un diseño de las licitaciones que evite, en la medida de lo posible, los macrocontratos, asegurar que no se incorporen barreras injustificadas en los pliegos, que supongan la exclusión de licitadores y mantener el procedimiento abierto como fórmula ordinaria de adjudicación por ser la que mejor garantiza la transparencia, la concurrencia y la igualdad de oportunidades y, con ello, la eficiencia de la contratación pública.

Reconocimiento del valor generado por el sector y del trabajo de sus profesionales

Durante la Asamblea también se ha puesto en valor el trabajo que desempeñan las empresas constructoras y, en general, los profesionales que participan, desde el sector público o el privado, en el desarrollo y conservación de las infraestructuras españolas. Asimismo, ha reivindicado la construcción como un sector de excelencia técnica, cuya actividad resulta esencial para la competitividad del país y el bienestar de la sociedad.

La Asamblea ha concluido reafirmando el compromiso de ANCI de reclamar una inversión suficiente y estable en infraestructuras, promover un marco contractual que facilite la correcta ejecución de las obras y defender una contratación pública eficiente basada en la competencia, la calidad y la igualdad de oportunidades.