La ex vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en la entrega de la cartera del ministerio a Sara Aagesen
El «efecto llamada» del Supremo da alas a la ofensiva judicial contra España en EE.UU.
Un nuevo laudo contra España por los impagos renovables se convierte en sentencia ejecutable apenas 24 horas después de que la corte americana rechazara el recurso español
La ofensiva judicial contra España por los impagos a las renovables acelera en EE.UU. Apenas 24 horas después de que el Supremo americano rechazara el último recurso de España para evitar embargos, un nuevo laudo se ha convertido en sentencia ejecutable.
En concreto, se trata del correspondiente al caso BayWa, por un importe de 28,2 millones de dólares. En total, los procedimientos en trámite en los tribunales americanos ascienden ya a ocho, con un importe total reclamado cercano a los 700 millones de euros.
El pasado lunes el Tribunal Supremo americano rechazó la petición de certiorari de España, por la que pedía bloquear la ejecución de los laudos arbitrales en los tribunales federales argumentando que carecen de jurisdicción.
Tras el varapalo del tribunal –en el que ha tenido un papel la Administración Trump– los reclamantes anticipan ahora un incremento de las demandas contra España en EE.UU. gracias a lo que denominan «efecto llamada». «La decisión del Tribunal Supremo cambia por completo el terreno de juego. Los acreedores ya no tienen que concentrar sus esfuerzos en defender la jurisdicción de los tribunales estadounidenses, sino en ejecutar los laudos y recuperar las cantidades reconocidas por los tribunales arbitrales», señalan.
Las mismas fuentes apuntan a que lo que hasta ahora era una disputa centrada en cuestiones jurisdiccionales «entra desde este momento en una nueva fase, enfocada principalmente en la ejecución efectiva de los laudos y en la localización de activos susceptibles de embargo».
La disputa se retrotrae a las jugosas ayudas a la instalación de energías renovables en España aprobadas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que ya en plena crisis económica tanto su Ejecutivo como el de Mariano Rajoy optaron por recortar de forma retroactiva.
Según los reclamantes, España adeuda más de 2.300 millones de euros tras sucesivas condenas en el CIADI y en tribunales de EE.UU., Reino Unido, Holanda y Bélgica. De ellos, más de 500.000 corresponden a intereses de demora. Los propietarios de la deuda, en gran medida ya en manos de fondos como Blaskett, ultiman la solicitud de embargos en territorio americano, como ya hicieron en Reino Unido y Holanda, si bien los tribunales americanos han rechazado que puedan interponerlos sobre bienes y servicios relacionados con la participación de España en el Mundial de EE.UU.